Desbaratan una banda de policías federales acusada de cobrar coimas al contrabando
Siete efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y dos civiles fueron detenidos en Tucumán, acusados de integrar una organización que cobraba coimas para permitir el paso de mercadería de contrabando transportada en tours de compras provenientes de Bolivia. La investigación, que se extendió durante ocho meses, incluyó agentes encubiertos, escuchas telefónicas y la entrega controlada de dinero previamente marcado.
El procedimiento, denominado "Operación Prisma", se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 34, en las inmediaciones de Rapelli, donde funcionaba un puesto de control utilizado presuntamente para exigir pagos ilegales a transportistas que trasladaban mercadería sin declarar desde Orán, en Salta, con destino a Buenos Aires.
Una investigación que permitió reconstruir el circuito de las coimas
La pesquisa fue encabezada por la Justicia Federal con apoyo de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que mediante intervenciones telefónicas logró detectar el mecanismo utilizado por la organización.
Según la investigación, los colectivos conocidos como "tours de compras" debían entregar dinero en efectivo para evitar inspecciones y continuar su recorrido. Para reunir pruebas, los investigadores recurrieron a técnicas especiales, entre ellas la infiltración de agentes encubiertos y la entrega de billetes previamente identificados.
Los operativos se realizaron alrededor de las 5 de la mañana, momento en el que fueron sorprendidos los involucrados. Durante los procedimientos se secuestraron más de ocho millones de pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones que ahora serán analizados como parte de la causa.
Cómo funcionaba el presunto esquema
La investigación permitió establecer que los montos exigidos variaban según el tipo de vehículo.
Los colectivos de compras debían pagar más de 100.000 pesos para atravesar el control sin inconvenientes. En tanto, las camionetas 4x4 abonaban alrededor de 80.000 pesos, los vehículos utilitarios unos 50.000 pesos y los automóviles particulares entre 30.000 y 40.000 pesos.
Entre los detenidos figura una oficial inspectora, señalada por los investigadores como la presunta responsable de coordinar el accionar del grupo. También fueron arrestados seis suboficiales de la División Operativa de Tucumán y dos civiles identificados como organizadores de los tours de compras.
La causa judicial avanza con imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando, mientras la Justicia prevé comenzar en los próximos días con las declaraciones indagatorias de los acusados para determinar el grado de participación de cada uno en la maniobra investigada.