La fabricante de los alfajores Alfa Pampa entró en concurso preventivo tras perder más de $1.000 millones
La empresa Alfajores Baltazar S.A., responsable de la marca Alfa Pampa, atraviesa su momento más crítico desde su creación. La Justicia abrió el concurso preventivo de acreedores luego de que la compañía reconociera una grave crisis financiera provocada por la caída del consumo, el incremento del endeudamiento y la pérdida de capital de trabajo.
La firma, que llegó a distribuir sus productos en más de 260 ciudades argentinas y exportar a Estados Unidos y Nueva Zelanda, acumuló pérdidas por más de $1.000 millones en un solo ejercicio y quedó con un patrimonio prácticamente agotado.
Del crecimiento sostenido a una profunda crisis financiera
Fundada en 2011 por Mariano Bonaventura y Sebastián Espina, Alfajores Baltazar nació como un pequeño emprendimiento con una inversión cercana a los 60.000 dólares. Con el paso de los años logró consolidarse dentro del competitivo mercado de los alfajores, alcanzando una producción cercana al millón de unidades mensuales y una capacidad instalada de hasta 3,5 millones por mes.
Sin embargo, ese crecimiento comenzó a revertirse durante 2025. De acuerdo con los estados contables presentados ante la Justicia, las ventas pasaron de $3.646 millones en 2024 a $2.545 millones en 2025, lo que representó una caída superior al 30%.
El impacto fue inmediato sobre los resultados de la empresa. Mientras en el ejercicio anterior había obtenido ganancias por $136,5 millones, en 2025 registró pérdidas por $1.088,5 millones.
El deterioro también se reflejó en el patrimonio neto, que cayó de $596 millones a apenas $19,4 millones, una reducción cercana al 97%. Paralelamente, el pasivo total aumentó de $931 millones a $1.241 millones y los costos financieros se multiplicaron en un contexto de elevadas tasas de interés.
La deuda supera los $1.000 millones
La apertura del concurso preventivo fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 27. El proceso permitirá que la empresa intente negociar un acuerdo con bancos, proveedores, organismos fiscales y el resto de sus acreedores para evitar la quiebra.
Según el expediente judicial, los acreedores tendrán plazo hasta el 9 de octubre para verificar sus créditos. Posteriormente, la sindicatura deberá presentar su informe individual el 25 de noviembre y el informe general en febrero de 2027.
Entre las principales obligaciones figura una deuda superior a los $224 millones con Ernesto Rodríguez e Hijos (Vacalin), proveedor de dulce de leche. También mantiene importantes compromisos con entidades financieras y organismos públicos.
De acuerdo con los registros del Banco Central, la empresa adeuda más de $507 millones a Banco Provincia, Banco Nación, Banco Galicia y Banco Macro. Parte de esas obligaciones ya presentan atrasos de hasta 80 días y la firma registra además un cheque rechazado por $8 millones.
La propia compañía explicó ante la Justicia que la crisis respondió a una combinación de factores, entre ellos la caída del consumo masivo, el aumento de los costos financieros, la concentración de ventas en pocos clientes y la dificultad para sostener el capital de trabajo.
Como parte del ajuste, durante 2025 redujo su plantilla de personal para adecuar la estructura al menor nivel de actividad. Actualmente emplea a 27 trabajadores.
Hasta hace pocos meses, la empresa proyectaba facturar $4.000 millones durante 2026 mediante un plan de inversiones destinado a automatizar la producción, lanzar nuevos productos y ampliar las exportaciones. La apertura del concurso preventivo dejó esos proyectos en suspenso mientras la firma busca reestructurar un pasivo que supera los $1.000 millones y recuperar su estabilidad financiera.