El caso llegará al Tribunal Superior de Justicia
El MPF pidió anular la prisión domiciliaria de un condenado por abuso sexual y corrupción de menores
El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para solicitar que se revoque la prisión domiciliaria otorgada a J.R., condenado por un jurado popular por abuso sexual y corrupción de menores.
La presentación fue realizada por el fiscal jefe Mauricio Zabala, con el acompañamiento del fiscal del caso Manuel Islas. Además, solicitaron que el planteo sea tratado durante la feria judicial al considerar que existe riesgo de fuga por parte del condenado.
El recurso cuestiona la resolución del Tribunal de Impugnación, que el pasado 15 de julio dejó sin efecto la prisión preventiva impuesta tras el veredicto de culpabilidad y la reemplazó por prisión domiciliaria.
Desde el MPF sostuvieron que la decisión resulta arbitraria porque, según indicaron, aplica de manera incorrecta la normativa procesal, no contempla el contexto del caso, afecta el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva y carece de perspectiva de género.
Los fiscales remarcaron que la prisión domiciliaria había resultado adecuada únicamente para garantizar la realización del juicio, pero señalaron que la situación cambió tras el veredicto unánime del jurado popular, que incrementó el riesgo de fuga debido a la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo.
El Ministerio Público Fiscal también cuestionó uno de los fundamentos del Tribunal de Impugnación, que consideró suficiente mantener la prisión domiciliaria por haber permitido el desarrollo del juicio. En ese sentido, afirmó que el Código Procesal Penal no exige demostrar previamente por qué otras medidas menos gravosas resultan insuficientes al solicitar la prisión preventiva.
Por ese motivo, pidió a la Sala Penal del TSJ que admita el recurso, convoque a una audiencia y deje sin efecto la resolución del Tribunal de Impugnación, restableciendo la prisión preventiva de J.R.
El hombre fue declarado culpable por unanimidad el 1 de julio por un jurado popular, que dio por acreditado que abusó sexualmente de la víctima desde que era menor de edad y durante varios años, además de cometer el delito de corrupción de menores.
Según la acusación, los hechos ocurrieron entre la niñez y la adultez de la víctima, en distintos ámbitos vinculados a la convivencia y a las actividades laborales del condenado. El delito atribuido prevé una pena mínima de 15 años de prisión efectiva.