El Gobierno modificó el protocolo policial ante amenazas de ataques en escuelas
El Gobierno nacional actualizó el protocolo de actuación de las fuerzas federales frente a amenazas de ataques en escuelas y otros espacios públicos detectadas en redes sociales. La modificación fue oficializada mediante la Resolución 725/2026 del Ministerio de Seguridad y busca agilizar la respuesta preventiva ante situaciones consideradas de alto riesgo.
La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, incorpora nuevas excepciones que permiten a las fuerzas de seguridad continuar con tareas de monitoreo en plataformas digitales cuando existan indicios fundados de posibles hechos de violencia masiva.
Qué cambia con el nuevo protocolo
Hasta ahora, el protocolo establecía que, si durante una investigación en fuentes digitales abiertas se detectaba información vinculada con un menor de edad, el monitoreo debía suspenderse de inmediato y comunicarse a la autoridad correspondiente, salvo en casos excepcionales.
Con la nueva normativa, se suma un nuevo supuesto que habilita la continuidad de la investigación: cuando existan indicios concretos sobre amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros lugares de concurrencia pública, independientemente de que el menor involucrado sea una presunta víctima o el posible autor.
La resolución aclara que, en estos casos, los agentes deberán dejar constancia escrita de los motivos que justifican continuar con el monitoreo e informar de inmediato a la autoridad responsable de la investigación.
Protección de datos y actuación preventiva
El Ministerio de Seguridad mantuvo como principio general la protección de los datos personales de niños, niñas y adolescentes.
La normativa continúa prohibiendo que el personal policial trate información sensible o publicaciones de menores sin autorización judicial, salvo en las excepciones previstas por el protocolo.
Entre esas situaciones ya contempladas se encuentran los casos de riesgo para la vida, desaparición o desamparo de menores, conductas autolesivas o suicidas y delitos cometidos en tiempo real contra niños o adolescentes.
Ahora se incorpora expresamente la posibilidad de actuar cuando exista un riesgo inminente para la integridad física de otros menores debido a amenazas de ataques o hechos de violencia colectiva.
La medida responde al aumento de amenazas en escuelas
La modificación del protocolo se produce luego del incremento de amenazas de tiroteos y otros episodios intimidatorios registrados en distintos establecimientos educativos del país durante los últimos meses.
Según el Gobierno, el esquema vigente resultaba insuficiente para responder con rapidez ante situaciones que, por su gravedad e inmediatez, requerían una intervención preventiva antes de obtener una orden judicial.
La actualización forma parte del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 y del programa FORCIC, destinado a fortalecer la detección e investigación de delitos cometidos en entornos digitales.
Con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, las nuevas disposiciones entraron en vigencia y comenzarán a aplicarse en las investigaciones realizadas por las fuerzas federales.