Caso COMARSA: el INECIP pidió al TSJ que la causa llegue a juicio oral
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) fue aceptado como Amicus Curiae por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en la causa penal que investiga a responsables de la empresa COMARSA por presunta contaminación ambiental. La organización pidió que se respete la oposición de la Fiscalía y las querellas a la suspensión del juicio a prueba y que el proceso avance hacia el juicio oral.
La causa se originó a partir de una investigación por la acumulación y presunto manejo inadecuado de residuos peligrosos provenientes de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. Según la acusación de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de Neuquén, respaldada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la APDH-Neuquén, parte de esos residuos habrían permanecido a cielo abierto y directamente sobre el suelo en el Parque Industrial Neuquén Oeste.
El predio donde se habría producido la acumulación de residuos se encuentra a unos 500 metros de zonas habitadas, un elemento que fue considerado por los acusadores al fundamentar la gravedad del caso.
Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud y administración fraudulenta, dentro de una investigación que pone bajo la lupa el tratamiento de los residuos generados por una de las actividades centrales de la economía neuquina.
Una decisión judicial que abrió la discusión
Durante el proceso, el juez de Garantías había concedido a los imputados la suspensión del juicio a prueba, pese a la oposición fundada presentada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.
La decisión fue cuestionada y posteriormente revocada por el Tribunal de Impugnación, que entendió que correspondía avanzar de acuerdo con las condiciones planteadas por los acusadores.
Ahora, con su intervención ante el Tribunal Superior de Justicia, el INECIP sostuvo que la decisión original del juez de Garantías había desnaturalizado el alcance del artículo 108 del Código Procesal Penal de Neuquén.
La norma establece que la suspensión del juicio a prueba requiere la conformidad del imputado y de la Fiscalía. Desde esa perspectiva, el instituto sostiene que cuando existe una oposición fiscal fundada, el rol del juez debe limitarse a controlar que esa decisión sea legal y razonable, pero no puede reemplazar al Ministerio Público Fiscal en una definición vinculada con el ejercicio de la acción penal.
Para el INECIP, la Fiscalía había explicado los motivos de su oposición a partir de la gravedad y magnitud del daño ambiental investigado, además de considerar insuficiente la reparación ofrecida por los acusados.
El planteo que llegó al Tribunal Superior
En su presentación, el instituto respaldó la resolución del Tribunal de Impugnación y pidió que se mantenga el criterio que permite que la causa continúe hacia una instancia de juicio oral.
El planteo no se limita a discutir qué debe ocurrir con los imputados de COMARSA. Para el INECIP, el expediente también pone en juego una cuestión más amplia vinculada con el funcionamiento del sistema acusatorio en Neuquén: hasta dónde puede llegar la intervención de los jueces cuando el Ministerio Público Fiscal decide continuar con una persecución penal.
La organización sostiene que sustituir una decisión fiscal debidamente fundamentada por una resolución judicial implicaría alterar el reparto de funciones previsto por el sistema procesal penal.
La discusión adquiere además una dimensión ambiental por las características del hecho investigado. El expediente analiza el presunto manejo irregular de residuos vinculados con la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta y su posible impacto sobre sectores próximos a áreas habitadas.
El INECIP considera que, frente a la gravedad de los hechos atribuidos y a la oposición fundada de quienes ejercen la acusación, corresponde respetar la decisión de continuar el proceso y llevar la discusión al ámbito del juicio oral.
Así, el caso COMARSA quedó instalado ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén no solo por la presunta contaminación investigada, sino también por una disputa jurídica sobre la autonomía del Ministerio Público Fiscal y los límites que tiene la intervención judicial dentro del sistema acusatorio provincial.