Neuquén impulsa una ley nacional contra la violencia digital infantil
Una propuesta impulsada desde Neuquén busca establecer por primera vez un marco nacional integral para prevenir y abordar la violencia digital, con especial protección para niñas, niños y adolescentes. El proyecto fue presentado por la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes N°2, Natalia Stornini, ante la senadora nacional Julieta Corroza.
La iniciativa propone una respuesta que no se limite al ámbito penal y contempla medidas de prevención, asistencia a las víctimas, preservación de evidencia, remoción de contenidos y reparación integral. También plantea nuevas obligaciones para las plataformas digitales y modificaciones al Código Penal para incorporar delitos vinculados con algunas de las formas más graves de violencia facilitada por la tecnología.
El proyecto fue elaborado desde la Defensoría y contempla una protección especial para niñas, niños y adolescentes, aunque también alcanza a mujeres, personas con discapacidad y otras personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.
La propuesta define como violencia digital cualquier acción u omisión realizada, instigada, facilitada o agravada mediante tecnologías de la información y la comunicación que afecte o ponga en riesgo derechos como la intimidad, la dignidad, la imagen, la identidad, la integridad, la libertad, la seguridad o la libertad sexual.
Una protección especial para niñas, niños y adolescentes
Para los casos que involucren a menores de edad, el proyecto establece una protección reforzada y toma como ejes el interés superior, la autonomía progresiva, el derecho a ser oído, la privacidad, la mínima exposición y la prevención de la revictimización.
También contempla el acceso a asistencia especializada, la preservación de pruebas y el cese rápido de las conductas que estén provocando el daño.
Entre las medidas urgentes propuestas aparecen la prohibición de contacto por medios digitales, la remoción, bloqueo o desindexación de contenidos y la preservación de datos y evidencia. Cuando estén involucrados niños, niñas o adolescentes, además, se prevé la intervención del sistema de protección integral.
La iniciativa también busca establecer obligaciones concretas para redes sociales, servicios de mensajería, buscadores, plataformas de alojamiento de contenidos, foros y videojuegos en línea.
Uno de los puntos centrales es la creación de mecanismos gratuitos y accesibles para denunciar contenidos, con tratamiento prioritario para casos de difusión de material íntimo sin consentimiento y situaciones de violencia contra menores. Esos reportes deberían ser evaluados en un plazo máximo de 24 horas.
Del contenido íntimo a la inteligencia artificial
El proyecto plantea además una modificación del Código Penal para incorporar figuras específicas relacionadas con nuevas modalidades de violencia digital.
Entre ellas se encuentran la difusión no consentida de contenido íntimo, la amenaza de publicar ese material, el acoso digital, la exposición maliciosa de datos personales y determinados casos de suplantación de identidad digital.
También se contempla específicamente la difusión de contenido íntimo sintético generado o modificado mediante inteligencia artificial, una modalidad que adquirió especial relevancia con la expansión de las herramientas capaces de crear imágenes y videos falsos de personas reales.
En los casos de difusión no consentida de contenido íntimo, la propuesta contempla además un agravamiento de la pena cuando la víctima sea menor de 18 años, entre otras circunstancias previstas en el proyecto.
La iniciativa incorpora, a su vez, un régimen específico para adolescentes a quienes se atribuya la comisión de hechos de violencia digital, en articulación con el régimen penal juvenil y las normas de protección integral.
La propuesta toma como referencia la experiencia neuquina
Uno de los antecedentes señalados en los fundamentos es la experiencia desarrollada en Neuquén con la creación, en abril de 2026, de la Mesa Provincial para la Prevención de Riesgos Asociados a Internet.
Ese espacio reúne a distintos organismos para trabajar sobre problemáticas como el grooming, la sextorsión, la difusión de material íntimo sin consentimiento y el abuso sexual infantil en entornos digitales.
Desde la Defensoría sostienen que la respuesta frente a estos fenómenos requiere la participación coordinada de organismos públicos, instituciones educativas, áreas de salud, Justicia, ministerios públicos, defensorías, organizaciones sociales y empresas tecnológicas.
Por ese motivo, el proyecto propone crear un Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de la Violencia Digital, con participación de la Nación y las provincias, además de los organismos vinculados con protección de derechos, género, educación, salud y Justicia.
La presentación ante Corroza se realizó en su carácter de representante del Ministerio Público de la Defensa ante la mesa provincial. Stornini expresó además la disposición de la Defensoría para participar en las próximas instancias de revisión técnica y parlamentaria del proyecto.
La propuesta busca que el abordaje de la violencia digital no quede reducido a castigar a quienes cometen los delitos. El objetivo es establecer un sistema que también permita proteger a las víctimas, retirar contenidos, conservar pruebas, reparar los daños y exigir responsabilidades a quienes incumplan sus obligaciones en los entornos digitales.