Caso Sergio Ávalos: pidieron llevar a juicio a 19 acusados por su desaparición
La fiscalía federal solicitó la elevación a juicio oral de 19 personas acusadas por la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos, el estudiante de 18 años que fue visto por última vez durante la madrugada del 14 de junio de 2003 dentro del boliche El Fuerte, también conocido como Las Palmas, en la ciudad de Neuquén.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén por la fiscal federal interina Luisina Tiscornia, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén. La acusación alcanza a 11 personas como presuntos coautores y a otras ocho como partícipes necesarios del delito de desaparición forzada de persona.
Entre los acusados hay integrantes de la seguridad del local que pertenecían al Ejército Argentino y a la Policía de Neuquén, además de empleados civiles, el propietario y el encargado del establecimiento. La hipótesis fiscal sostiene que dentro del boliche funcionaba una estructura organizada de control y violencia y que, después de la desaparición, se mantuvo un pacto de silencio que dificultó conocer qué ocurrió con el joven.
La fiscalía aclaró que la búsqueda del paradero de Ávalos continúa y que esa investigación seguirá abierta, pero consideró que ya existe evidencia suficiente para que los 19 acusados sean sometidos a juicio oral.
Qué sostiene la acusación
Según el requerimiento, el personal de seguridad del boliche tenía una forma de funcionamiento organizada y contaba con mecanismos para controlar lo que ocurría tanto dentro como fuera del establecimiento.
Los integrantes de seguridad utilizaban equipos de comunicación tipo handy para mantenerse conectados durante la jornada y el local contaba con cámaras que permitían observar distintos sectores, entre ellos las barras, cajas, taquilla e ingresos.
La fiscalía también describió antecedentes de episodios violentos dentro del establecimiento. Según la acusación, los guardias solían llevar a personas involucradas en conflictos hasta un espacio conocido como el “cuartito de seguridad”, donde se producían agresiones físicas y verbales.
Para Tiscornia, esa estructura constituía un “aparato de violencia organizado”, con una distribución de funciones y un modo de operar que permitía mantener bajo control las situaciones que ocurrían en el boliche.
Uno de los puntos considerados relevantes es, precisamente, la ausencia de las imágenes de las cámaras correspondientes a aquella madrugada. Los imputados habían señalado que la cinta se terminó y no fue reemplazada. Para la fiscalía, esa explicación resulta poco creíble debido al sistema de control que existía dentro del establecimiento.
La investigación también identificó distintos episodios ocurridos aquella noche que, según el Ministerio Público Fiscal, contradicen la descripción de una jornada sin incidentes. Entre ellos mencionó una pelea que dejó sangre en el sector utilizado como enfermería, una agresión protagonizada por personal de seguridad en el denominado “túnel” y un conflicto relacionado con el sistema de tickets utilizado para ingresar y salir del local.
A esto se sumaron otras irregularidades posteriores que la fiscalía consideró relevantes, entre ellas la destrucción de documentación policial y la falta de una anotación en el parte diario de novedades de la Guardia de Adultos del Hospital Castro Rendón relacionada con una llamada telefónica de una persona que afirmó conocer lo ocurrido.
La hipótesis planteada por la fiscalía es que Ávalos fue retenido dentro del boliche y posteriormente trasladado para ser ocultado en otro u otros lugares. Desde entonces, su paradero continúa sin conocerse.
Quiénes están acusados
La estructura de seguridad del local estaba integrada, según la investigación, por seis militares del Ejército, cinco efectivos de la Policía de Neuquén y tres empleados civiles.
Los militares pertenecían al Batallón de Ingenieros de Montaña 6 y, de acuerdo con el requerimiento, realizaban tareas adicionales fuera de su actividad principal. En el caso de los policías, existía un contrato con la Dirección Provincial de Servicio de Policía Adicional para prestar servicios de seguridad en el boliche.
El personal era organizado por el encargado del establecimiento, bajo las directivas del propietario, ambos incluidos entre los acusados como partícipes necesarios.
La investigación también alcanzó a empleados que cumplían tareas de limpieza, administración y monitoreo de las cámaras. Para la fiscalía, esas personas pudieron haber participado de alguna manera en los hechos o, al menos, haberlos presenciado o conocido sin informar lo ocurrido.
La acusación considera que esa conducta contribuyó a sostener el silencio alrededor del caso y a impedir que durante años pudiera establecerse qué ocurrió con Ávalos.
El delito de desaparición forzada de persona está contemplado en el artículo 142 ter del Código Penal y establece una pena de entre 10 y 25 años de prisión.
La madrugada en que desapareció Sergio
Sergio Daniel Ávalos era oriundo de Picún Leufú y estudiaba Economía en la Universidad Nacional del Comahue. Vivía en una residencia universitaria y tenía 18 años cuando salió junto con otros estudiantes hacia el boliche El Fuerte, ubicado en Primeros Pobladores al 2000.
Durante la madrugada del 14 de junio de 2003 fue visto dentro del establecimiento y los últimos testimonios lo ubicaron entre las 6.30 y las 7. Después, nadie volvió a saber de él.
Tres días más tarde, el 17 de junio, el encargado de las Residencias Universitarias de la UNCo denunció que Sergio no había regresado luego de salir a bailar.
La causa comenzó inicialmente en la Justicia provincial. En 2013, la querella pidió que el expediente fuera investigado como una desaparición forzada y pasara al fuero federal. El planteo fue acompañado por la Universidad Nacional del Comahue, que participa como amicus curiae, y por el Ministerio Público Fiscal.
En 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la Justicia Federal era competente para intervenir en la investigación. Desde noviembre de ese año, el expediente tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén.
Desde entonces se realizaron más de un centenar de declaraciones testimoniales, investigaciones de campo, relevamientos en organismos públicos y privados y tareas en cementerios de Neuquén y Río Negro. También se realizaron pericias de ADN con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense a partir del hallazgo de restos óseos.
La causa tuvo además un nuevo impulso durante 2026. En julio, la Cámara Federal de Casación Penal restableció los procesamientos de ocho acusados que habían sido desvinculados previamente y dejó nuevamente el expediente con 19 personas procesadas.
Ahora, con el pedido de elevación a juicio, la fiscalía considera que existen elementos suficientes para que la responsabilidad de los acusados sea discutida en un debate oral.
Mientras tanto, la búsqueda de Sergio Ávalos continúa. Actualmente existe una recompensa de $5 millones para quienes aporten información que permita determinar su paradero.
Para su familia, el paso de los años no cerró el caso. Su padre, Asunción Ávalos, tiene 93 años, y junto con sus hijos continúa reclamando respuestas sobre qué ocurrió con Sergio aquella madrugada de junio de 2003.
La eventual llegada del expediente a juicio podría abrir una nueva instancia para determinar responsabilidades sobre una desaparición que, después de más de dos décadas, todavía mantiene una pregunta central sin respuesta: dónde está Sergio Ávalos.