Murió en una comisaría hace 30 años y ahora indagarán a siete policías retirados
A 30 años de la muerte de José Delfín Acosta Martínez en una comisaría porteña, la Justicia ordenó indagar a siete policías federales retirados por su presunta intervención en el caso. El ciudadano uruguayo, de 32 años, murió el 5 de abril de 1996 luego de ser detenido y trasladado a la entonces Comisaría 5ª de la Policía Federal Argentina, en Balvanera.
La medida fue dispuesta por el juez Fernando Caunedo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10. Las indagatorias están previstas para octubre y alcanzarán al comisario inspector Horacio Raúl Bussetti, al comisario Claudio Oscar Cervera, al inspector Pedro Fabián Aguilar, al sargento primero Omar Justo Ojeda, al sargento Humberto Mario Echegaray, al cabo primero Marcelino Hugo Lezcano y al subcomisario Alfredo Daniel González.
El expediente busca determinar qué ocurrió aquella madrugada y cuál fue la responsabilidad de los agentes que participaron del procedimiento que terminó con la muerte de Acosta Martínez.
Una detención que terminó en tragedia
El 5 de abril de 1996, personal de la entonces Comisaría 5ª fue enviado a las inmediaciones del local bailable Maluco Beleza, ubicado sobre Sarmiento al 1700, en el barrio porteño de San Nicolás. El llamado había sido realizado por una supuesta incidencia en la que aparentemente una de las personas involucradas estaba armada.
Hasta el lugar llegaron dos móviles policiales. En uno viajaban el sargento Domingo Alberto Oliva, ya fallecido, y el cabo primero Marcelino Hugo Lezcano. El otro estaba a cargo del subinspector Pedro Fabián Aguilar y el cabo primero Alfredo Daniel González.
Los efectivos detuvieron a Acosta Martínez y a dos hermanos brasileños, de 20 y 26 años. Los tres fueron trasladados a la dependencia policial de Lavalle al 1958.
Según el dictamen fiscal, el procedimiento habría sido irregular y los hombres habrían sido privados ilegítimamente de su libertad en un contexto de discriminación racial.
Alrededor de las 8.20, Acosta Martínez quedó alojado en el recinto de la guardia interna, mientras que los dos hermanos fueron llevados a una celda.
En ese momento comenzó una secuencia cuya reconstrucción fue durante años objeto de controversia judicial. La versión que dieron inicialmente los policías y un testigo sostenía que Acosta se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia y que había comenzado a insultar a los agentes.
De acuerdo con ese relato, el hombre arrojó sus pertenencias, se quitó la ropa y quedó desnudo dentro de la dependencia. Los efectivos aseguraron que se resistió y que Cervera y Oliva lo tomaron de los brazos para colocarle las esposas.
También afirmaron que, una vez reducido, Acosta Martínez comenzó a golpearse la cabeza contra el piso. Ante la situación, los policías dijeron que solicitaron una ambulancia del SAME.
El médico que llegó desde el Hospital Ramos Mejía constató que el hombre sufría convulsiones y ordenó trasladarlo al centro asistencial. Sin embargo, Acosta murió durante el trayecto.
Las dudas sobre qué ocurrió dentro de la comisaría
La investigación posterior incorporó distintos elementos médicos que pusieron bajo análisis la versión brindada inicialmente por los policías.
La primera autopsia, realizada el mismo día de la muerte, determinó que el fallecimiento se había producido por un edema agudo pulmonar y una hemorragia intrapulmonar. El médico forense José Ángel Patitó señaló que no había lesiones traumáticas externas o internas con características suficientes para provocar la muerte, aunque dejó asentados golpes en la zona lumbar, el antebrazo derecho y la cabeza.
Una segunda autopsia, realizada en Uruguay, detectó un traumatismo encéfalo craneano sin fracturas, aunque no pudo determinarse su gravedad debido a la ausencia del contenido craneal. También se registraron lesiones en la región lumbar y golpes en las piernas.
La Junta Médica incorporó otro elemento relevante al expediente. Según sus conclusiones, las lesiones observadas en la región lumbar y en la zona temporoparietal bilateral no podían haber sido provocadas por la propia víctima ni ser consecuencia de las convulsiones.
A partir de esas evidencias, la investigación volvió a poner el foco sobre lo ocurrido durante la detención y dentro de la dependencia policial.
El dictamen fiscal sostiene que los efectivos habrían actuado abusando de sus facultades funcionales y mediante una división coordinada de tareas que habría sido determinante para concretar la privación ilegítima de la libertad de Acosta Martínez y la posterior secuencia que terminó con su muerte.
La acusación también plantea que los policías no habrían realizado acciones destinadas a evitar el desenlace y que posteriormente habrían sostenido una misma versión sobre la forma en que se produjeron las lesiones.
Una causa que atravesó tres décadas
La familia de Acosta Martínez continuó reclamando justicia durante años. El caso llegó incluso al sistema interamericano de derechos humanos.
En agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado argentino por la violación de los derechos de Acosta Martínez, su madre y su hermano. El tribunal internacional instó al Estado a continuar las investigaciones necesarias para determinar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables por la detención arbitraria y la muerte del ciudadano uruguayo.
Ahora, tres décadas después del hecho, la Justicia argentina avanzó con las indagatorias de siete policías retirados que podrían aportar una nueva definición sobre las responsabilidades individuales en el caso.
La medida no implica por sí misma una condena: los policías deberán ejercer su derecho de defensa y será la investigación judicial la que determine si existen elementos suficientes para avanzar hacia otras instancias del proceso.