Estafa
Imputaron a tres directivos de una cooperativa por 49 presuntas estafas con lotes de la Meseta
El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra tres directivos de la Cooperativa 127 Hectáreas La Sirena Limitada, a quienes acusó de cometer 49 hechos de estafa vinculados con la comercialización de lotes en la zona de la Meseta de la ciudad de Neuquén.
La acusación alcanzó al presidente de la cooperativa, J.S.; a la secretaria, R.H.; y a la tesorera, B.L.. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2021 y 2022 y el perjuicio económico estimado asciende a unos 4,5 millones de pesos, calculados a valores de ese momento y sin relación con los reclamos civiles de las personas damnificadas.
Durante la audiencia, la fiscal del caso, asistida por agentes del MPF, sostuvo que los acusados se habrían aprovechado de la necesidad habitacional y montado un sistema para captar nuevos asociados y adherentes al denominado proyecto “Meseta”, destinado al desarrollo de viviendas.
Según la teoría del caso, para concretar la maniobra habrían proporcionado información falsa respecto de la incorporación de los terrenos al ejido urbano de Neuquén y sobre la titularidad de los inmuebles.
La fiscal explicó que la urbanización dependía de que el inmueble fuera incorporado al ejido urbano mediante una ley provincial, algo que finalmente no ocurrió.
Contratos por lotes que no pertenecían a la cooperativa
Según la acusación, J.S. y R.H. asumieron sus cargos a mediados de marzo de 2021 y comenzaron a difundir el proyecto. Pese a que la cooperativa no contaba con la propiedad de los terrenos, el presidente habría celebrado contratos de cesión onerosa en los que se comprometía a entregar lotes de 200 metros cuadrados en un plazo de 24 meses, con servicios de luz, agua y enripiado de calles.
La fiscal sostuvo que ambos directivos habrían creado un sistema coordinado para captar asociados bajo la promesa de acceder a un lote con servicios, aun cuando se trataba de terrenos ajenos y no existían condiciones para cumplir con los compromisos asumidos.
Además del pago correspondiente al loteo, los asociados debían abonar la cuota social de la cooperativa.
Respecto de la tesorera, B.L., la acusación indicó que habría tenido una participación considerada indispensable en la maniobra, debido a que recibía los fondos aportados por los asociados y administraba el patrimonio de la entidad siguiendo las directivas de los otros dos acusados.
El MPF atribuyó a J.S. la responsabilidad como autor del delito de estafa en concurso real, mientras que R.H. y B.L. fueron acusadas como partícipes primarias.
La querella acompañó los planteos de la fiscalía, mientras que las defensas de los tres acusados se opusieron a la formulación de cargos y realizaron distintos planteos relacionados con las medidas cautelares, los elementos secuestrados, la producción de prueba y la difusión de información personal.
Seis meses para investigar
Luego de un cuarto intermedio, el juez de garantías Luciano Hermosilla resolvió aceptar la formulación de cargos en los términos planteados por el MPF y la querella.
El magistrado fijó en seis meses el plazo de investigación y declaró compleja la causa. Además, estableció un plazo de dos meses para que la fiscalía adopte una decisión respecto de otros dos legajos vinculados con la investigación.
Como medida cautelar, Hermosilla impuso a los tres acusados la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas durante seis meses.
En cambio, rechazó los pedidos de prohibición de salida del país y de inhibición de bienes.
Respecto de los vehículos secuestrados durante la investigación, el juez ordenó su devolución al considerar que correspondían a años anteriores a los hechos investigados.
En cuanto a los dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía deberá analizar cuáles resultan necesarios para continuar con la investigación. Una vez realizadas las pericias, se informará a la defensa para evaluar la devolución de aquellos elementos que ya no sean requeridos.
Finalmente, el juez otorgó 10 días a las personas damnificadas para que informen cuáles de ellas se constituirán como querellantes en la causa, independientemente de su participación en los reclamos civiles.
También estableció un plazo de 10 días para informar sobre las denuncias y legajos existentes relacionados con la investigación.