Caso Pablo Córdoba
Después de más de tres años, indagaron a los acusados por el asesinato de Pablo Córdoba
Las dos personas vinculadas a la investigación por el asesinato de Pablo Córdoba fueron indagadas por la Justicia.
Enrique Lamas se presentó acompañado por un defensor oficial y prestó declaración durante un tiempo prolongado. Según lo informado por la familia, durante la audiencia habría intentado deslindar responsabilidades y planteado que se encontraba de licencia al momento de los hechos.
Por su parte, Germán Green concurrió junto a sus abogados particulares y decidió ejercer su derecho a no declarar ni responder preguntas. Su defensa anticipó que presentará posteriormente una declaración por escrito.
La realización de las indagatorias constituye una nueva instancia dentro de una investigación que lleva varios años y que ahora podría avanzar con nuevas medidas judiciales.
Las sospechas sobre el borrado de imágenes
El eje central de estas citaciones se enfoca en la custodia del material audiovisual del recinto militar. Según consta en el expediente, la investigación sostiene que las jefaturas conocían el funcionamiento del sistema de videovigilancia y el plazo acotado de almacenamiento de las imágenes.
Pese a ello, las grabaciones correspondientes a las horas críticas del suceso no fueron resguardadas a tiempo y se perdieron definitivamente tras ser sobreescritas de forma automática.Los dos mandos citados a declarar ocupaban posiciones de máxima autoridad en la guarnición:
Germán Isidro Green: Teniente coronel al mando del Grupo de Artillería 16 al momento del hecho. Fue quien dio aviso inicial a la Policía Federal notificando un presunto suicidio, pese a las inconsistencias que presentaba la escena y la presencia de dos impactos de bala en la cabeza de la víctima.
Enrique Rafael Lamas: Teniente coronel a cargo de la Base de Apoyo Logístico de Zapala y superior jerárquico dentro de la estructura operativa de la unidad.Una causa marcada por la insistencia querellante
El expediente, que transitó más de tres años de reclamos y controversias periciales, avanza hacia la delimitación de responsabilidades en la cadena de mando.
Para la querella que representa a la familia de Córdoba, el extravío de los registros de las cámaras de seguridad constituye una omisión grave que impidió reconstruir los movimientos exactos dentro del predio en los minutos previos y posteriores al hallazgo del joven.
Con el inicio de las indagatorias, el juzgado busca precisar si la conducta de las autoridades configuró un incumplimiento de los deberes de funcionario público o encubrimiento, abriendo una fase determinante para el esclarecimiento definitivo del caso.