2026-09-10

El Gobierno creó un sistema para controlar actividades extranjeras en las Islas Malvinas

El nuevo mecanismo buscará monitorear actividades consideradas ilegales en las islas y sus espacios marítimos. La medida se suma a las acciones anunciadas por Javier Milei para reforzar el reclamo argentino de soberanía.

El Gobierno nacional anunció la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior destinado a monitorear y coordinar acciones frente a actividades extranjeras que considere ilegales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.

La medida fue comunicada por la Cancillería y se enmarca en la política del Gobierno de reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.

El nuevo mecanismo tendrá como objetivo central reunir información, coordinar a los organismos del Estado y asesorar sobre actividades que puedan afectar los intereses internacionales de la Argentina.

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Cómo funcionará el nuevo sistema

De acuerdo con el comunicado oficial, el sistema permitirá supervisar posibles actividades ilegales en el territorio y los espacios marítimos vinculados a las Malvinas.

La herramienta también buscará que las distintas acciones de los organismos estatales relacionadas con la política exterior sean coherentes con los lineamientos establecidos por el Gobierno en materia de soberanía.

Desde Cancillería señalaron que el mecanismo permitirá adoptar las medidas necesarias para defender los derechos e intereses argentinos y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Estado.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión diplomática por las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área de las Islas Malvinas.

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Las medidas anunciadas por Milei

La creación del sistema se suma a una serie de decisiones anunciadas por Javier Milei durante la última Cadena Nacional, entre ellas medidas dirigidas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

El Gobierno también dispuso la reasignación de $217.959 millones, equivalentes a unos US$142 millones según el cálculo difundido, para el Ministerio de Defensa. Una parte de esos recursos estará destinada al desarrollo de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.

Además, se establecieron mecanismos para que los organismos estatales informen a la Cancillería sobre posibles incumplimientos vinculados con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

El Ejecutivo también anunció controles sobre las declaraciones juradas vinculadas con trámites hidrocarburíferos y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de detectar empresas que desarrollen actividades en áreas donde Argentina sostiene derechos de soberanía.

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A estas medidas se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será tratado en el Congreso y contempla mayores sanciones para organizaciones que operen en las islas sin autorización argentina, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

La nueva estructura anunciada por el Gobierno busca así centralizar información y coordinar la respuesta de los organismos estatales frente a actividades extranjeras vinculadas con las Malvinas, dentro de la estrategia oficial para reforzar el reclamo argentino de soberanía.

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