2026-09-18

Operativo antinarcóticos en Centenario

Imputaron a cuatro personas por comercializar drogas en Centenario

La investigación apunta a una presunta organización que operaba al menos desde septiembre de 2024 en cuatro puntos de venta. Uno de los acusados quedó detenido con prisión preventiva, mientras que otros dos cumplirán prisión domiciliaria y el cuarto recuperó la libertad con medidas cautelares.

La Justicia de Neuquén imputó a cuatro personas acusadas de comercializar estupefacientes en la ciudad de Centenario. La investigación determinó que la actividad se habría desarrollado desde septiembre de 2024 hasta el 12 de septiembre de 2026, principalmente con cocaína y marihuana.

La acusación fue presentada durante una audiencia en la que se describieron tres hechos y se solicitaron distintas medidas cautelares para los imputados.

De acuerdo con la investigación, la presunta organización contaba con cuatro puntos de venta ubicados en las calles México, Costa Rica, Puerto Argentino y Ricardo Güiraldes. Las operaciones se realizaban principalmente durante la tarde y la noche y los pagos se efectuaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales.

El 12 de septiembre, durante una serie de allanamientos realizados por personal de la División Antinarcóticos de la Policía provincial, se secuestraron estupefacientes, balanzas de precisión, $638.230 en efectivo, dispositivos electrónicos y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

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La investigación atribuyó diferentes funciones a los cuatro acusados. Uno de ellos habría estado a cargo de la compra y venta de drogas, el abastecimiento de los puntos de comercialización y el manejo de la recaudación.

Una mujer habría coordinado pagos y transferencias y almacenado droga y dinero, mientras que otro de los imputados habría administrado los fondos y controlado las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales. El cuarto acusado habría cumplido tareas de venta directa.

Además, a uno de los imputados se le atribuyeron otros dos hechos. El primero ocurrió el 15 de septiembre de 2025, cuando habría efectuado disparos junto a otras personas contra una vivienda de calle Puerto Argentino y posteriormente amenazado con un arma de fuego a su propietario.

El segundo episodio se produjo el 11 de abril de 2026, cuando, según la acusación, intentó embestir con un Volkswagen Vento a un efectivo policial durante un procedimiento en el barrio Fonavi. Tras abandonar el vehículo y escapar a pie, habría dejado caer un envoltorio con 137 gramos de cocaína. En el automóvil se encontraron además otros 33 gramos de cocaína y marihuana.

Por estos hechos, la acusación incluyó los delitos de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, abuso de armas, amenazas agravadas y atentado a la autoridad, según la participación atribuida a cada imputado.

La Fiscalía había solicitado cuatro meses de prisión preventiva para el principal acusado y prisión domiciliaria, con dispositivo electrónico, para los otros tres. También requirió embargos sobre cuentas bancarias, billeteras virtuales y vehículos, además de la clausura preventiva de los inmuebles señalados como puntos de venta.

La jueza de garantías Natalia Peloso rechazó el planteo de incompetencia presentado por las defensas y confirmó la competencia de la Justicia provincial. Además, estableció en cuatro meses el plazo de investigación y dio por formulados los cargos.

Como medida cautelar, dispuso la prisión preventiva por cuatro meses para uno de los acusados y rechazó que pudiera cumplirla en el domicilio de un familiar. Para otros dos imputados otorgó la prisión domiciliaria por el mismo período.

En el caso del cuarto acusado, la jueza rechazó la prisión preventiva y domiciliaria y ordenó su inmediata libertad, aunque deberá fijar domicilio y presentarse tres veces por semana en la Comisaría 52.

Finalmente, se autorizó el embargo de cuentas bancarias y de Mercado Pago, con excepción de la cuenta correspondiente a los haberes jubilatorios de una de las imputadas, además del embargo de los vehículos involucrados y la clausura preventiva de los inmuebles identificados como centros de comercialización.

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