2026-09-26

Educación

Docentes universitarios convocaron a un paro de hasta 72 horas desde el 30 de septiembre

La medida fue anunciada por los gremios en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El paro quedará condicionado a que el Gobierno otorgue antes del martes 29 el aumento previsto por la normativa.

Los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de entre 48 y 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre, en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y se enmarcará en las acciones previstas antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre.

El paro estará condicionado a que el Gobierno nacional otorgue antes del martes 29 de septiembre el incremento salarial del 33,4% contemplado en la Ley 27.795. En caso contrario, los gremios avanzarán con la medida de fuerza.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales buscará coordinar las acciones con CONADU Histórica y prevé realizar actividades durante los días previos a la movilización para visibilizar el conflicto.

Los sindicatos y las universidades estiman que los salarios docentes requieren una recomposición del 31,2%, mientras que el reclamo gremial se sustenta en el mecanismo de actualización establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, que también contempla los salarios del personal no docente y programas de becas estudiantiles.

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En paralelo, continúa el conflicto judicial por la aplicación de la normativa. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir de manera integral una medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.

El magistrado estableció un plazo de cinco días y advirtió sobre la posibilidad de imponer multas por cada jornada de demora.

La medida cautelar había sido dictada en diciembre de 2025, luego fue avalada por la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema del 25 de junio.

El Gobierno nacional sostiene que ya cumplió con la medida cautelar y presentó documentación ante la Justicia para acreditar su postura, mientras que anunció que apelará la última resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

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