El Gobierno acelera en Diputados el proyecto de soberanía sobre Malvinas: qué propone
El Gobierno de Javier Milei acelera en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía, una iniciativa que busca modificar el régimen vigente sobre actividades y recursos en áreas bajo jurisdicción argentina y crear un nuevo sistema de seguridad nacional.
El proyecto comenzará a ser analizado el próximo miércoles en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con la presencia de funcionarios de las áreas de Cancillería, Defensa y Justicia.
El oficialismo apunta a avanzar con el dictamen durante la primera semana de octubre y llevar la iniciativa al recinto el 7 de octubre, de acuerdo con el cronograma previsto. En esa misma sesión también podrían tratarse proyectos relacionados con discapacidad y endeudamiento.
Qué propone el proyecto de soberanía
Uno de los principales cambios planteados es la derogación de la Ley 26.659, sancionada en 2011, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
La propuesta establece un régimen más amplio, que alcanzaría a cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables realizada sin autorización argentina. El alcance incluiría, entre otras actividades, la pesca y otras explotaciones económicas desarrolladas en zonas bajo jurisdicción argentina.
El proyecto también contempla restricciones para personas y empresas que faciliten o participen de actividades consideradas no autorizadas. Incluso incorpora disposiciones destinadas a evitar reorganizaciones societarias que tengan como finalidad eludir las sanciones previstas.
El régimen propuesto incluye multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales.
A su vez, establece mecanismos para que quienes actualmente desarrollen actividades alcanzadas por las nuevas prohibiciones puedan regularizar su situación mediante el pago de una suma de dinero o la reconversión de sus inversiones.
El artículo penal que genera cuestionamientos
Uno de los puntos que concentra parte de la discusión es el artículo 111, que propone modificar el Código Penal y establecer penas de entre cinco y 12 años de prisión para determinadas conductas vinculadas con la intervención extranjera.
El artículo contempla a quienes, actuando por cuenta o con financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.
El diputado radical Pablo Juliano cuestionó el alcance de la disposición y advirtió que podría utilizarse para perseguir penalmente a personas acusadas de intentar desestabilizar al Gobierno.
Otros sectores de la oposición también pusieron el foco en las facultades que el proyecto otorgaría al Poder Ejecutivo. Desde distintos bloques plantearon reparos ante la posibilidad de que algunos mecanismos impliquen una transferencia de atribuciones que actualmente corresponden al Congreso.
Desde Unión por la Patria, Eduardo Valdés cuestionó además el enfoque general de la iniciativa y sostuvo que algunas de sus disposiciones tienen mayor relación con cuestiones de seguridad interna que con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
El nuevo sistema de seguridad nacional
El proyecto también propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, con un Consejo de Seguridad Nacional como órgano de coordinación y con el Presidente de la Nación al frente.
El organismo estaría integrado por funcionarios de distintas áreas del Estado y tendría intervención sobre cuestiones vinculadas con la soberanía, la economía, las relaciones exteriores, la inteligencia, la infraestructura y el ciberespacio, entre otros aspectos.
La iniciativa establece además que la autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo.
Con el debate en comisiones, el oficialismo buscará avanzar hacia el dictamen durante octubre. El tratamiento parlamentario pondrá bajo discusión tanto las nuevas herramientas para proteger los recursos y áreas bajo jurisdicción argentina como el alcance de las sanciones y las facultades que tendría el Poder Ejecutivo bajo el nuevo esquema.