Revés judicial para Argentina: habilitan embargos por la deuda de Aerolíneas
La Justicia de Estados Unidos habilitó a un fondo a iniciar el proceso para buscar activos argentinos y solicitar eventuales embargos con el objetivo de cobrar una sentencia de más de US$390 millones vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La decisión fue tomada por una jueza federal del Distrito de Columbia y abre una nueva instancia en el extenso litigio por la estatización de la compañía.
La resolución se produjo después de que transcurrieran 21 meses desde que se ratificó la orden de pago judicial, sin que el Estado argentino haya realizado pagos ni presentado una alternativa para cancelar la deuda derivada del proceso.
El paso que habilitó la búsqueda de activos
La autorización judicial permite ahora a los demandantes avanzar con la identificación de bienes y activos argentinos que puedan ser alcanzados por una eventual ejecución en territorio estadounidense.
El fallo no implica que ya exista un embargo concreto sobre una propiedad, una cuenta o un avión determinado. El fondo deberá localizar activos que puedan ser legalmente ejecutados y presentar los pedidos correspondientes ante los tribunales que tengan jurisdicción sobre cada caso.
La deuda reclamada supera los US$390 millones al sumar capital, intereses y costas del proceso. El monto se originó en un litigio relacionado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El origen de la disputa
El conflicto comenzó después de la reestatización de las dos compañías, que en ese momento estaban vinculadas al grupo español Marsans. Los antiguos accionistas iniciaron un reclamo internacional por la expropiación y el caso avanzó durante años en distintas instancias judiciales y arbitrales.
El fondo Titan Consortium terminó adquiriendo los derechos vinculados con el reclamo y continuó con las acciones para hacer efectivo el cobro de la condena.
En diciembre de 2024, la Justicia estadounidense reconoció la sentencia arbitral y estableció una obligación de pago superior a US$390 millones, además de los intereses correspondientes. La Argentina cuestionó posteriormente distintos aspectos del proceso y buscó frenar la ejecución.
La discusión también llegó a una instancia de apelación, que terminó dejando firme la posibilidad de avanzar con el reclamo. Con ese escenario, la nueva resolución judicial permite que los demandantes pasen de la discusión sobre el reconocimiento de la deuda a una etapa concreta de búsqueda de activos.
La decisión suma presión sobre el Estado argentino, que enfrenta distintos litigios internacionales derivados de obligaciones financieras y procesos de expropiación. Para Titan Consortium, el nuevo paso judicial representa la posibilidad de intentar localizar bienes que permitan avanzar con el cobro de una sentencia que permanece impaga.
El eventual embargo de un activo no será automático y deberá atravesar los procedimientos previstos por la Justicia estadounidense. El próximo capítulo del conflicto estará marcado por la identificación de los bienes que los demandantes consideren alcanzables y por las respuestas que presente la Argentina ante cada pedido.