Ley de Financiamiento Universitario: los rectores vuelven a reclamarle al Gobierno
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volverá a reclamar este miércoles al Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, luego del fallo judicial que ordenó su cumplimiento.
El Comité Ejecutivo del CIN se reunirá a las 14:30 en Plaza de Mayo, donde los rectores de las universidades públicas insistirán en el pedido de cumplimiento “pleno y efectivo” de la normativa aprobada por el Congreso.
El reclamo se produce después de una resolución del juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el CIN, universidades nacionales y docentes, además de una demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La decisión judicial declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley 27.795, pero había condicionado su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.
El Gobierno, por su parte, anticipó que apelará la resolución judicial, por lo que la aplicación de la norma continúa en el centro de una disputa que también llegó a los tribunales.
Qué estableció el fallo de Cormick
El juez cuestionó específicamente la condición incorporada por el Ejecutivo al momento de promulgar la ley. El decreto establecía que la promulgación se realizaba sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que las normas que autoricen o dispongan gastos deben contemplar expresamente su financiamiento.
En su resolución, Cormick sostuvo que la propia Ley 27.795, a través de su artículo 9, establecía pautas de financiamiento y otorgaba al Poder Ejecutivo facultades para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
El magistrado también analizó el contexto presupuestario. Señaló que durante 2024 y 2025 no hubo una nueva ley de presupuesto, sino que continuaron vigentes partidas correspondientes al presupuesto 2023, y destacó que durante 2025 se realizaron seis modificaciones presupuestarias mediante decretos y decisiones administrativas.
Otro de los elementos considerados fue un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el cual el costo total de la Ley 27.795 para 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
Con esos elementos, el juez analizó si existía efectivamente un impedimento presupuestario que justificara condicionar la aplicación de la ley.
Nueva Marcha Federal Universitaria
El conflicto tendrá además un nuevo capítulo el jueves 15 de octubre, cuando se realice una nueva Marcha Federal Universitaria.
La movilización incluirá una concentración frente al Congreso de la Nación desde las 13:30 y tendrá como uno de sus principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta coincidirá con una sesión especial convocada por bloques opositores en la Cámara de Diputados y se desarrollará mientras el Congreso avanza con el debate del presupuesto para 2027.
En ese proyecto, el Poder Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el CIN reclama una partida de aproximadamente $11 billones para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante el próximo año.
Mientras tanto, la resolución judicial que ordenó aplicar la ley continúa su recorrido en los tribunales a partir de la apelación anunciada por el Gobierno.