La Corte Suprema frenó la derogación de la Ley de Tierras y limitó la compra de campos por extranjeros
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar interina que suspende el artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras. La decisión restablece, de manera provisoria, las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros.
La resolución representa un nuevo capítulo en la disputa judicial por la normativa que regula la propiedad rural en Argentina. La derogación había sido dispuesta por el Gobierno nacional mediante el DNU firmado en diciembre de 2023, que introdujo una serie de reformas económicas y administrativas.
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, establece límites a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Entre sus principales disposiciones, fija un tope del 15% para la propiedad extranjera sobre el total de tierras rurales del país, de una provincia o de un municipio, además de restricciones específicas para determinadas zonas.
Un reclamo de organizaciones sociales y comunidades indígenas
La presentación judicial que cuestionó la derogación fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie y las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon.
Los sectores que defienden la vigencia de la ley sostienen que las restricciones son necesarias para proteger la soberanía territorial, los recursos naturales y los derechos de las comunidades que habitan esas tierras.
El planteo llegó a la Justicia en medio de un debate político y social sobre los cambios impulsados por el Gobierno nacional y sus efectos sobre la propiedad rural.
Qué cambia con la decisión de la Corte
Con la cautelar interina, las restricciones previstas en la Ley de Tierras vuelven a aplicarse mientras continúa la discusión judicial. La medida no implica necesariamente una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación, sino una suspensión provisoria del artículo cuestionado.
La normativa original busca limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras y establece condiciones para su adquisición, especialmente en territorios considerados estratégicos.
El alcance definitivo de la decisión dependerá de cómo avance el expediente y de las próximas resoluciones judiciales sobre la vigencia de la ley.