Investigación por microtráfico en el norte neuquino
Imputaron a cuatro personas por venta de drogas en Chos Malal y revisarán el rechazo de las prisiones preventivas
Cuatro personas fueron imputadas por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Chos Malal, luego de una serie de allanamientos en viviendas y locales comerciales de la localidad.
La fiscal del caso, Natalia Rivera, solicitó que permanezcan en prisión preventiva, pero el juez de garantías Eduardo Egea rechazó el pedido y dispuso su libertad bajo determinadas restricciones.
Ante esa resolución, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió la revisión de la decisión judicial. El planteo deberá ser analizado en una nueva audiencia ante un tribunal integrado por tres jueces o juezas de garantías.
La formulación de cargos se realizó el viernes por la noche, después de seis procedimientos en los que se secuestraron cocaína, cannabis, dinero en efectivo, armas, municiones y elementos que, según la investigación, estarían vinculados con la comercialización de drogas.
De acuerdo con la acusación fiscal, las cuatro personas habrían actuado de manera coordinada, con funciones distribuidas para la provisión, el fraccionamiento y la venta de estupefacientes. La actividad investigada se habría desarrollado entre el 16 de julio y el 8 de octubre de este año.
La fiscalía sostuvo que uno de los imputados, identificado por sus iniciales A.A.A., habría provisto las sustancias y dado instrucciones sobre su pesaje, fraccionamiento y comercialización. Los otros tres, identificados como I.M.N., P.K.S. y L.A.F., habrían cumplido distintos roles relacionados con la tenencia y venta de drogas y con movimientos de dinero a través de billeteras virtuales.
Qué encontraron en los allanamientos
Durante los procedimientos, en una de las viviendas se secuestraron 81,6 gramos de cocaína compactada, mientras que en otro domicilio se encontraron 185 gramos de cannabis, además de otras cantidades de estupefacientes.
Los efectivos también incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.
A los cuatro imputados se les atribuyó, en calidad de coautores, la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, a A.A.A. se le imputó la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
La discusión por las prisiones preventivas
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Rivera planteó la existencia de riesgos para la investigación. Entre ellos, mencionó la posibilidad de que los imputados accedieran de manera remota a información almacenada en dispositivos electrónicos secuestrados y la necesidad de entrevistar a personas que podrían aportar datos relevantes para esclarecer los hechos.
Sin embargo, el juez Egea rechazó las medidas de coerción solicitadas y dispuso la libertad de los cuatro acusados. Como condición, estableció prohibiciones de acercamiento y contacto con dos testigos identificados, por un plazo de cuatro meses.
Frente a esa decisión, la fiscalía solicitó una revisión para que un tribunal de tres jueces o juezas evalúe nuevamente si corresponde imponer las prisiones preventivas.
Clausura de una vivienda y embargo de fondos
En la misma audiencia, el juez prorrogó por dos meses la clausura de la vivienda de A.A.A., señalada por la fiscalía como uno de los lugares presuntamente utilizados para la venta de drogas.
En cambio, no hizo lugar al pedido de extender esa medida a un local comercial ubicado en el mismo predio.
Además, se autorizó el embargo de fondos depositados en billeteras virtuales de los imputados, con excepción de L.A.F., respecto de quien el magistrado consideró que no se habían presentado elementos suficientes para justificar la medida.
La investigación continuará mientras se espera una nueva audiencia para revisar la decisión sobre las prisiones preventivas.