Financiamiento universitario: la Justicia fijó multas diarias de $100.000 para la Jefatura de Gabinete
La Justicia federal impuso multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una orden judicial vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue dispuesta este miércoles por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11.
La resolución se enmarca en una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional, en medio del conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
Según el fallo, ante el incumplimiento verificado correspondía hacer efectivo el apercibimiento establecido el 30 de septiembre y aplicar astreintes, una herramienta judicial que permite imponer sanciones económicas para procurar que se cumpla una orden.
El magistrado advirtió, además, que el monto de las multas podría modificarse y que las sanciones podrían extenderse a otros funcionarios, de acuerdo con la evolución del caso.
Qué reclama la causa por el financiamiento universitario
El expediente está relacionado con el cumplimiento del Decreto 759/2025 y la aplicación de la Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
El reclamo apunta a que el Gobierno nacional cumpla con las medidas vinculadas con la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La discusión judicial se desarrolla en un contexto de conflicto entre las autoridades nacionales y el sistema universitario por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones y los ingresos de sus trabajadores.
También denunciaron penalmente a Milei y Caputo
En paralelo, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la ley de financiamiento universitario.
La presentación fue radicada en los tribunales federales de Retiro y solicita investigar si los funcionarios incurrieron en desobediencia a la autoridad u otros posibles delitos vinculados con el ejercicio de la función pública.
En el escrito, Solano pidió que la investigación alcance también a otros funcionarios que pudieran haber intervenido en el incumplimiento, ya sea por acción u omisión. Además, sostuvo que la orden judicial había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y que el recurso extraordinario fue desestimado por la Corte Suprema.
La denuncia penal y las multas dispuestas en el fuero contencioso administrativo corresponden a actuaciones diferentes, aunque ambas están vinculadas con el reclamo por el cumplimiento de las medidas judiciales sobre financiamiento universitario.