ATE protestó en Olivos contra los retiros voluntarios: cuestiona un crédito de US$ 300 millones
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos en rechazo al programa de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno nacional y al financiamiento de US$ 300 millones previsto para cubrir sus costos mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la iniciativa y llamó a los trabajadores estatales a no adherirse. Según sostuvo, el programa implica una pérdida de derechos laborales y podría profundizar la reducción de puestos en la Administración Pública Nacional.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios”, afirmó Aguiar. Además, calificó la medida como un “negociado multimillonario” y apuntó contra los funcionarios Federico Sturzenegger y Luis Caputo.
Las críticas de ATE a Milei y al financiamiento del plan
Aguiar también cuestionó la ausencia del presidente Javier Milei en la Casa Rosada y en la residencia de Olivos, y vinculó la protesta con el viaje del mandatario a España.
“Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Milei se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, expresó el dirigente sindical.
El titular de ATE advirtió que el programa podría derivar en una mayor tercerización de funciones estatales y en un proceso de privatización de organismos públicos. También sostuvo que tomar deuda en moneda extranjera para financiar estos gastos sería ilegal.
Qué establece el régimen de retiros voluntarios
El programa fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores estatales, de acuerdo con los datos difundidos por el sindicato.
Entre sus principales condiciones, establece que quienes se adhieran no podrán volver a ingresar a la Administración Pública Nacional durante ocho años. Además, los cargos que queden vacantes no serán reemplazados.
La normativa también contempla restricciones para trabajadores con cargos sindicales vigentes o que sean candidatos en elecciones: para incorporarse al régimen, deberán renunciar a esas funciones, según la información difundida por ATE.
Un crédito de US$ 300 millones para financiar los retiros
El reclamo sindical apunta, además, al financiamiento previsto para implementar el programa. A través del decreto 1177/26, el Gobierno reglamentó una línea de crédito con el BID por más de US$ 800 millones, destinada a distintos objetivos. De ese total, US$ 300 millones se asignarían a cubrir los costos de los retiros voluntarios.
El préstamo se desembolsaría durante cuatro años y tendría un plazo de devolución de 25 años, con los primeros cinco años y medio sin pagos de capital. La tasa de interés estaría vinculada a la referencia SOFR del mercado en dólares, más un margen del BID, por lo que el costo final sería variable.
ATE cuestiona que se recurra al endeudamiento para financiar las desvinculaciones y advierte sobre las consecuencias que el programa podría tener en la estructura del Estado nacional.
Los otros reclamos de los trabajadores estatales
La movilización también incluyó demandas por la situación salarial y laboral del sector público. Entre los principales puntos, ATE reclamó por la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real y las paritarias por debajo de la inflación.
El sindicato también expresó su preocupación por los despidos, la no renovación de contratos, la reducción de puestos de planta, el deterioro de los ingresos y la incertidumbre laboral.
A esos reclamos sumó el pluriempleo, el endeudamiento de los trabajadores, la desvalorización de la carrera estatal y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.