Rechazaron el desalojo de una mujer en Plottier por los antecedentes de violencia de género
La Cámara de Apelaciones 1 de Neuquén confirmó el rechazo al pedido de un hombre para desalojar a su expareja de una vivienda en Plottier. Los jueces consideraron que la propiedad había sido adquirida durante la convivencia, que la mujer realizó mejoras en el inmueble y que existían antecedentes judiciales de violencia de género dentro de la relación.
El fallo fue dictado por la Sala I, integrada por Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli, que ratificó la decisión de primera instancia. Para los camaristas, el conflicto no podía resolverse mediante un juicio de desalojo, ya que había elementos que impedían considerar a la mujer como una simple ocupante sin derechos sobre la vivienda.
El hombre había iniciado la demanda con el argumento de que era propietario del inmueble y que su expareja permanecía allí sin contar con un título que justificara su ocupación.
La mujer, en cambio, sostuvo que ambos habían comenzado a convivir en 2007 y que compraron la casa mientras mantenían la relación. También relató que durante esos años sufrió violencia física, psicológica y económica, y que la separación se produjo después de un episodio ocurrido en 2012.
La jueza María Guadalupe Losada había rechazado inicialmente el pedido de desalojo. Consideró que existían indicios suficientes para reconocer que la mujer ejercía una relación de posesión sobre el inmueble y que esa controversia debía analizarse en otro ámbito judicial, no en un proceso destinado a recuperar una propiedad de quien está obligado a restituirla.
Las pruebas que acreditaron la convivencia
Uno de los puntos centrales de la apelación fue la existencia de una convivencia que el hombre había negado. Sin embargo, la documentación incorporada al expediente permitió acreditar que la pareja compartió la vivienda durante varios años.
Entre las pruebas se tuvo en cuenta que la mujer figuraba como concubina del demandante ante el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. También aparecía como titular del suministro eléctrico del domicilio y ambos habían declarado esa dirección cuando nació una de sus hijas.
Para la Cámara, esos elementos demostraban que la relación había existido y que la adquisición de la casa se produjo mientras la pareja convivía.
Además, se valoraron las mejoras realizadas en la propiedad. Testigos mencionaron ampliaciones, modificaciones de paredes, arreglos en la instalación eléctrica y la colocación de cámaras de seguridad. Esos trabajos fueron considerados relevantes para evaluar la relación de la mujer con el inmueble.
El contexto de violencia de género
Otro aspecto determinante fue la existencia de actuaciones judiciales anteriores por violencia familiar. En una de ellas se habían dictado medidas cautelares contra el hombre y, luego de uno de los episodios registrados en 2012, se ordenó que no ingresara a la vivienda.
Los expedientes por violencia familiar continuaron tramitándose durante los años siguientes, con medidas que llegaron a permanecer vigentes hasta 2024.
La jueza Cecilia Pamphile sostuvo que el conflicto debía analizarse con perspectiva de género y advirtió que no era posible ignorar el contexto de violencia que había atravesado la relación.
En ese sentido, el fallo de primera instancia había señalado que las situaciones de violencia o vulneración de derechos por razones de género deben ser consideradas en los procesos judiciales para visibilizar sus consecuencias y evitar que se profundicen.
Con la confirmación de la Cámara, quedó firme el rechazo al desalojo. La decisión no resolvió de manera definitiva quién tiene los derechos sobre la propiedad, sino que estableció que esa discusión requiere otro tipo de proceso, en el que puedan analizarse las circunstancias de la convivencia, la adquisición del inmueble y los aportes realizados por ambas partes.