Ciberseguridad
El Gobierno restringió el uso de tecnología china en las redes de telecomunicaciones
El Gobierno nacional estableció nuevas restricciones para la participación de proveedores tecnológicos chinos en las infraestructuras críticas de telecomunicaciones, a través de requisitos de ciberseguridad que alcanzan a las compras estatales, incluida la empresa Arsat.
La medida quedó establecida mediante la Disposición 7/26 del Centro Nacional de Ciberseguridad, que adoptó como referencia el estándar SCS 9001, desarrollado por la asociación empresarial estadounidense TIA. El esquema impide certificar a compañías incluidas en determinadas listas de restricciones de Estados Unidos, entre ellas Huawei y ZTE.
La normativa no obliga a reemplazar los equipos que ya están instalados ni establece prohibiciones para importar o comercializar teléfonos celulares de origen chino. Su alcance inmediato se concentra en las adquisiciones estatales vinculadas con las redes y los servicios considerados críticos.
Sin embargo, la disposición abrió la posibilidad de una ampliación de sus efectos. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) deberá evaluar si incorpora estos requisitos a los procesos de homologación de equipos y a las obligaciones que deben cumplir los operadores privados.
Ese escenario podría tener consecuencias sobre las inversiones del sector. Según datos de la actividad, uno de los principales operadores móviles del país tiene cerca del 70% de su infraestructura de red instalada con tecnología Huawei. Una eventual extensión de las exigencias obligaría a revisar futuras adquisiciones y los planes de renovación tecnológica.
La decisión también generó cuestionamientos empresariales. Huawei manifestó su preocupación por las restricciones, consideró que afectan la competencia y anticipó que analizará posibles alternativas legales.
Por su parte, la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad respaldó la necesidad de fortalecer la seguridad de las redes, aunque objetó que se dependa de un único sistema privado de certificación. La entidad reclamó una consulta pública, la posibilidad de utilizar estándares alternativos y el respeto por la neutralidad tecnológica.