Caso Viento Sur: el Tribunal anuló la audiencia y ordenó empezar de nuevo
La causa Viento Sur deberá atravesar nuevamente una instancia central del proceso judicial en Neuquén. El Tribunal de Impugnación dejó sin efecto la audiencia de control de acusación realizada ante la jueza de garantías Natalia Pelosso y la resolución que dictó el 5 de octubre. Por mayoría, los magistrados entendieron que la intervención de la jueza excedió las facultades previstas para esa etapa y ordenaron que otro juez o jueza conduzca una nueva audiencia.
El fallo respondió a un planteo de la fiscal del caso, Rocío Rivero, y del fiscal jefe, Pablo Vignaroli. Ambos cuestionaron decisiones que habían alterado el alcance de la acusación contra los investigados por una presunta maniobra de corrupción vinculada con la cooperativa Viento Sur y que habría generado un perjuicio económico para el Estado.
Entre las resoluciones que motivaron la impugnación figuraban el sobreseimiento de los exfuncionarios Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino, la modificación de las calificaciones legales y de los grados de participación atribuidos a otros imputados, y la concesión de suspensiones de juicio a prueba pese a la oposición de la fiscalía.
También se había excluido a una testigo que el Ministerio Público Fiscal consideraba importante para reconstruir el funcionamiento de la cooperativa y determinar quiénes intervenían en la toma de decisiones.
Qué cuestionó el Ministerio Público Fiscal
Durante la audiencia de impugnación, Rivero sostuvo que las decisiones de Pelosso ocasionaron un perjuicio que no podía repararse más adelante. Según explicó, los cambios introducidos impedían que la acusación avanzara en los términos planteados originalmente y afectaban las facultades de la fiscalía para impulsar la acción penal.
Vignaroli puso el foco en los límites legales del control de acusación. Señaló que esa instancia permite discutir la admisibilidad y legalidad de las pruebas, pero no resolver cuestiones de fondo que deben analizarse durante un juicio, con la participación de todas las partes.
El fiscal jefe también cuestionó que la magistrada descartara las figuras de coautoría y participación necesaria que había planteado la acusación. Según el planteo fiscal, esa modificación permitió habilitar suspensiones de juicio a prueba que habían sido rechazadas por la gravedad de los hechos investigados.
La exclusión de una testigo fue otro de los puntos discutidos. Para la fiscalía, su declaración resultaba relevante para explicar cómo se administraba la cooperativa, quiénes tenían capacidad de decisión y cuál habría sido la intervención de las personas investigadas.
La impugnación contó además con la adhesión de la Fiscalía de Estado, que interviene como querellante institucional a través de Gustavo Kohon.
Dos jueces respaldaron la impugnación y uno votó en contra
La decisión mayoritaria fue fundamentada por la jueza Estefanía Sauli, quien consideró que durante el control de acusación se produjo un “exceso en las facultades” correspondientes a esa etapa. A su entender, Pelosso valoró pruebas controvertidas, modificó los grados de participación de los imputados y resolvió cuestiones que debían discutirse en un juicio.
El juez Federico Sommer acompañó esa postura. También entendió que la magistrada anticipó valoraciones sobre el mérito de la acusación que correspondían a un tribunal de juicio, en lugar de limitarse a las cuestiones propias de la audiencia intermedia.
El único voto en disidencia fue el de Richard Trincheri, quien propuso mantener la resolución original. Consideró que la jueza había intervenido a partir de planteos de las defensas y que los cuestionamientos sobre autoría, participación y suficiencia de la acusación podían analizarse durante esa etapa del proceso.
Con el fallo, el Tribunal declaró nula la resolución del 5 de octubre y extendió esa decisión a las audiencias que la precedieron. Ahora, la Oficina Judicial deberá designar a otro juez o jueza de garantías para que se realice nuevamente el control de acusación.
La resolución no define la responsabilidad penal de las personas investigadas, pero modifica el rumbo inmediato del expediente. La discusión sobre los alcances de la acusación y las pruebas que podrán llegar a juicio
deberá retomarse desde una nueva audiencia.