2026-11-19

El Gobierno aumentó el gasto público en $15,6 billones y modificó su meta de superávit para 2026

El Gobierno amplió el Presupuesto 2026 en $15,6 billones mediante un decreto. PAMI y el pago de deuda concentran los mayores refuerzos y cae el superávit previsto.

El Gobierno nacional amplió el Presupuesto 2026 en aproximadamente $15,6 billones y redujo la previsión de superávit fiscal para el cierre del año. La modificación fue oficializada mediante el Decreto 1391/2026 y responde a la necesidad de actualizar las partidas frente a una inflación superior a la contemplada cuando se elaboraron las proyecciones iniciales.

La ampliación representa un incremento del 10,2% sobre los créditos presupuestarios vigentes, que hasta ahora rondaban los $152,47 billones. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo busca cubrir mayores necesidades de financiamiento en organismos públicos, prestaciones sociales y compromisos del Estado.

Sin embargo, el aumento de los gastos también modifica el resultado fiscal esperado. Según las nuevas estimaciones, el superávit previsto originalmente en unos $26,4 billones pasaría a ubicarse cerca de los $18,9 billones, lo que representa una reducción de aproximadamente $7,5 billones.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y todos los integrantes de su Gabinete.

PAMI y el pago de deuda concentran los mayores aumentos

Uno de los principales refuerzos presupuestarios será destinado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que recibirá cerca de $10 billones adicionales. Se trata del organismo que concentra la mayor parte de los recursos incorporados mediante esta modificación.

El segundo incremento más importante corresponde al Servicio de la Deuda Pública. La partida destinada al pago de intereses y comisiones aumentará aproximadamente $3,9 billones, en función de las necesidades de financiamiento y los compromisos que debe afrontar el Estado.

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También se contemplaron partidas adicionales para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, que recibirá alrededor de $800.000 millones para sostener su funcionamiento.

En materia de seguridad, el decreto establece un refuerzo de unos $200.000 millones para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional.

De esta manera, los principales aumentos se concentran en prestaciones sociales, atención sanitaria, seguridad y obligaciones financieras.

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Menos recursos para servicios económicos

La ampliación también incluye una reducción de aproximadamente $2,3 billones en la finalidad Servicios Económicos, uno de los recortes más importantes contemplados en la nueva distribución presupuestaria.

La reasignación implica modificar el destino de los recursos disponibles y fortalecer partidas vinculadas con otras áreas de la administración pública, en un contexto de mayores exigencias sobre las cuentas nacionales.

Uno de los factores centrales detrás de la modificación es la diferencia entre la inflación prevista al momento de elaborar el presupuesto y la evolución efectiva de los precios. El cálculo original contemplaba una variación anual cercana al 18%, mientras que las proyecciones para 2026 se ubican alrededor del 33%.

Esa brecha obligó a actualizar los créditos presupuestarios para atender gastos que quedaron desfasados respecto de los valores originalmente estimados.

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Cómo quedan las cuentas públicas para el cierre de 2026

De acuerdo con las planillas anexas al decreto, los recursos corrientes y de capital aumentarán aproximadamente $8,1 billones, una cifra inferior a la ampliación autorizada para los gastos. Esa diferencia explica la reducción del resultado fiscal proyectado.

La modificación se produce pese a que, al 16 de noviembre, el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en $33,2 billones.

Con la nueva distribución de partidas, el Gobierno mantiene la previsión de cerrar el ejercicio con superávit, aunque con un margen considerablemente menor al calculado inicialmente.

El cambio refleja el desafío de sostener el equilibrio de las cuentas públicas en un escenario de inflación más elevada que la prevista y mayores necesidades de financiamiento para distintas áreas del Estado.

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