2026-11-19

Congreso Nacional

El Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad por unanimidad

El Senado aprobó este jueves la nueva Ley de Discapacidad con 71 votos a favor. La norma mantiene las pensiones, actualizaciones y prestaciones.

El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La iniciativa establece un marco permanente para el sector y busca reemplazar el esquema de emergencia vigente, que tiene fecha de vencimiento a fines de 2026.

La norma ratifica buena parte de los derechos y prestaciones que habían sido incorporados durante el debate en la Cámara de Diputados, luego de las negociaciones entre el Gobierno y los bloques opositores. Entre los principales puntos se encuentran la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización por inflación y el mantenimiento de un nomenclador universal de prestaciones con aranceles unificados.

El texto también establece que las pensiones por discapacidad equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal instrumento para acreditar la condición y acceder a los beneficios.

Uno de los aspectos centrales de la ley es la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado. De esta manera, las personas con discapacidad podrán incorporarse al mercado laboral sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Los cambios en las prestaciones y el financiamiento

La legislación también contempla la cobertura de salud para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad, a través del Programa Incluir Salud, que garantiza el acceso a las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901.

Para sostener el funcionamiento del sistema, se incorporaron partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y mecanismos de compensación con recursos del Tesoro en caso de que los fondos asignados resulten insuficientes. Además, el Poder Ejecutivo deberá garantizar que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo en comparación con el año anterior.

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Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde defendió la necesidad de abandonar el esquema de emergencia y avanzar hacia reglas permanentes. Según planteó, las prórrogas sucesivas generan incertidumbre tanto para quienes reciben las prestaciones como para los profesionales y centros que las brindan.

Desde la oposición, Alicia Kirchner advirtió sobre las dificultades que podría presentar la implementación de la ley. La senadora cuestionó la capacidad operativa de las oficinas de ANSES para llevar adelante las decisiones administrativas y señaló que actualmente existen 427 centros de atención para todo el país.

También hubo planteos sobre el financiamiento. El senador Guillermo Andrada mencionó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calculan un gasto de $600.000 millones para 2026, mientras que Monteverde hizo referencia a una proyección de 1,2 billones de pesos para 2027.

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Auditorías, controles y plazos para cancelar deudas

Otro de los capítulos de la nueva legislación establece controles periódicos sobre los beneficios. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

La norma contempla la posibilidad de suspender preventivamente una prestación cuando se detecten incumplimientos objetivos. Sin embargo, establece garantías de debido proceso, con notificaciones a los beneficiarios y mecanismos para solicitar la rehabilitación provisoria del beneficio.

También se fijaron plazos para regularizar las deudas con los prestadores. En caso de que existan pagos pendientes al momento de la sanción, el Gobierno deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días.

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Durante la discusión, la senadora radical Mariana Juri pidió que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para garantizar la aplicación de la ley. Advirtió que las partidas destinadas a discapacidad vienen perdiendo participación a lo largo de distintos ejercicios presupuestarios y remarcó que la sanción legislativa debe estar acompañada por financiamiento efectivo.

Con los 71 votos afirmativos, el Senado cerró el recorrido parlamentario de una iniciativa que reunió el respaldo de todos los bloques. El desafío ahora será garantizar que las prestaciones, los mecanismos de cobertura y los derechos reconocidos en la nueva legislación puedan cumplirse en la práctica, sin que las dificultades presupuestarias terminen afectando a las personas con discapacidad y sus familias.

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