Se reactiva la causa por la venta de tierras a Lewis

La Cámara Federal de Casación Penal ha revocado el sobreseimiento de los imputados en la causa que investiga la venta irregular de las tierras que rodean el lago Escondido. La decisión fue tomada por la Sala III, que anuló la resolución de la Sala I, la cual había declarado extinguida la acción penal por prescripción en relación a un empresario inglés y cuatro funcionarios públicos implicados en el proceso de adquisición de estas tierras en Río Negro.

Detalles de la Resolución

El recurso de casación fue presentado por el fiscal general interino de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide. La Sala III de la Cámara analizó el caso y decidió revocar los sobreseimientos de Susana Beatríz Sarto, Ricardo José Juan Mayer, María Luis Cristina Szama, Lisandro Alfredo Allende y Charles Barrington Lewis.

Los vocales de la Sala III, Carlos Alberto Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, coincidieron en que la calidad de funcionario público de Ricardo Mayer cumplía con la jerarquía requerida por el artículo 67 del Código Penal. Además, consideraron relevante la situación de la escribana pública Szama en relación a su posible ejercicio profesional en la evaluación de la prescripción del caso.

Contexto de la Investigación

Los hechos que originaron esta investigación se remontan a 1996 y 1997, cuando, en contra de las normativas de defensa nacional, aproximadamente 11.000 hectáreas de tierras en la zona de seguridad de la frontera con Chile fueron transferidas a un empresario inglés. La denuncia de la PIA indica que estas transferencias, autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, violaron la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44, al permitir que tierras estratégicas pasaran a manos extranjeras.

Las maniobras realizadas incluyeron la solicitud de autorizaciones como personas jurídicas nacionales, mientras se transferían acciones a manos extranjeras, lo que permitió que las tierras finalmente se efectivizasen a favor de los extranjeros.

Imputaciones y Embargos

En el caso están imputados varios funcionarios públicos que autorizaron las ventas, así como la escribana actuante y representantes de sociedades extranjeras como HR Properties, Lago Corp, Hidden Lake y el empresario Charles Lewis. La PIA argumentó que, debido a la naturaleza de revelación tardía de este caso, los plazos de prescripción son amplios y que la presencia de funcionarios en cargos públicos hasta 2012 suspendió dicho plazo.

Dada la gravedad de los hechos y los intereses nacionales involucrados, se han solicitado embargos con el fin de revertir las ventas realizadas y recuperar las tierras vendidas en violación de las normativas que protegen los intereses de la República Argentina.