Riva dará el próximo jueves el informe anual en el Concejo Deliberante

El jueves 15 de diciembre a las 10 horas, el defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, Ricardo Riva brindará el informe anual ante el pleno del Concejo Deliberante. Lo hará en cumplimiento a la ordenanza N° 8316 que regula el funcionamiento de la Defensoría. En la ocasión, Riva, reseñará la actividad del organismo en el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. Se trata del último informe anual que presentará Riva como Defensor del Pueblo de la ciudad, quien finaliza su mandato en julio de 2023.
El informe de este período hace especial hincapié en que la tarea del organismo trasciende cualquier dato absoluto que requiere la norma (Art. 26° de la Ordenanza 8316). Si bien están especificados en el documento institucional, los datos cuantitativos han circunscripto históricamente el análisis de la gestión al número de reclamos por sobre el impacto que su resolución significa para los vecinos, por lo que en esta oportunidad se propone otra perspectiva de análisis. De hecho, Riva sostiene que numerosas y significativas gestiones han impactado en beneficio de la totalidad de la población de la Ciudad de Neuquén e incluso, de municipios vecinos que aún no cuentan con un organismo protector y garante de derechos humanos. Explica que la Defensoría del Pueblo encuentra años tras año un equipo de trabajo fortalecido y una institución valorada y respetada por los vecinos de la ciudad que recurren al organismo cuando ven avasallados sus derechos. En ese sentido, el defensor del pueblo resalta el valor de una cultura participativa y de un Estado dispuesto a escuchar todas las voces para construir, con consenso social, una ciudad para todos. Para ello, resulta fundamental el acceso pleno a la información pública y a espacios de participación ciudadana.
En el documento anual, se detallan las acciones institucionales realizadas en el período. En ese marco, se especifican los cursos de mediación que demandan instituciones públicas y privadas para construir nuevas formas de convivencia. Durante el período 900 alumnos de escuelas medias y primarias recibieron la capacitación para desempeñarse como mediadores escolares. Asimismo, 500 empleados públicos fueron capacitados en mediación, con el interés de instalar el dispositivo de mediación en sus ámbitos de convivencia. Además 1500 operadores comunitarios realizaron el curso de mediación de manera presencial, mientras que 250 lo hicieron de manera híbrida.

Paralelamente, en el informe se describen las acciones judiciales interpuestas junto a los vecinos ante los incumplimientos de los deberes de funcionarios y tras agotar la búsqueda de alternativas tendientes a revisar y modificar conductas. La tarea revisionista de los 12 años de gestión, permiten indicar que numerosas obras públicas realizadas en el último tiempo son resultado de sentencias judiciales a amparos interpuestos por este organismo, en los que se bregó por una mirada integral de cada caso y el cumplimiento de la legislación vigente.