Neuquén y Bahía Blanca tendrán juicios a magistrados por delitos de lesa humanidad en la dictadura

Dos procesos orales y públicos por crímenes de lesa humanidad que tienen como acusados a exmiembros del Poder Judicial que actuaron en jurisdicciones del sur del país durante el terrorismo de Estado están elevados y próximos a comenzar este año en los tribunales federales de Neuquén y Bahía Blanca.
En Neuquén, un tribunal integrado por los magistrados Simón Bracco, Luis Foglia y Alejandro Silva estará a cargo del juicio de una causa de lesa humanidad que tiene como imputados al exjuez Pedro Duarte y al exfiscal Víctor Ortiz por delitos cometidos entre 1976 y 1983 denunciados por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la Patagonia.
En tanto que, en Bahía Blanca, el Juzgado Federal N°1 elevó a juicio oral el pasado 21 de diciembre la causa contra el excamarista Néstor Luis Montezanti, acusado por haber pertenecido a la organización paraestatal Triple A con actuación en esa ciudad, donde se le atribuye a la organización la comisión de 24 homicidios entre 1974 y 1975.


Se espera que, en febrero, en Neuquén se desarrolle la audiencia de prueba para luego poner fecha de inicio del debate al que los exmagistrados federales llegan acusados de «omisión de promover la persecución penal, participación en privaciones ilegítimas de la libertad y prevaricato» en más de 25 hechos.
Luego de que en la provincia se hayan concretado desde 2008 siete juicios por crímenes de lesa humanidad con condenas a responsables del ámbito militar e integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, este será el primer juicio que se seguirá a exmiembros del Poder Judicial.
«No importa tanto si son uno, dos o 30 los acusados. Lo que importa es la trama que se vislumbra detrás del aparato del Poder Judicial y del comportamiento que tuvo durante la dictadura, ya sea por participación directa u omisión», sostuvo en diálogo con Télam el abogado Marcelo Medrano, que representa a la querella que lleva la APDH de Neuquén en este caso.
El abogado enfatizó que los exmagistrados «estaban ahí», en referencia a los juzgados durante la última dictadura, para «mirar a otro lado», y consideró que comprender esto resulta «sustancial» para «entender el plan sistemático de parte del Poder Judicial».
En este sentido, el caso de Duarte cuenta con la particularidad de que es «el único caso en el país» -remarcó Medrano- en que un auditor del Ejército fue designado como juez federal.
«Con Duarte se da la paradoja de que, previo a asumir como juez federal en 1976, fue auditor del Ejército, o sea, era nada más ni nada menos que el abogado de la plana mayor, el que asesora a los que mandan, un contralor legal de la cúpula de los batallones», insistió Medrano.
También señaló las dilaciones provocadas por el exjuez durante estos diez porque, con un gran despliegue de recursos y apelaciones, «recusó todo lo que pudo» -al juez instructor varias veces- y «hasta se tomó seis meses para efectuar su indagatoria, algo que habitualmente se hace en seis horas».
Sin embargo, Medrano es optimista: «Luego de años de mucho trabajo donde pudimos hacer una gran recolección de prueba, tenemos un caso sólido con testimonios de mucho peso como los de la Madre de Plaza de Mayo Inés Ragni; la histórico referente de la APDH Noemí Labrune y los de dos abogados que intervinieron en la época que brindaron testimonios impresionantes».