sábado 15 de junio de 2024
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YPF no puede venderse sin la aprobación de las provincias y el Congreso

martes 21 de noviembre de 2023

En la semana después de las PASO de las elecciones 2023, que dio como candidato más votado a Javier Milei, se debatieron varias propuestas del programa de La Libertad Avanza. Una de ellas fue la privatización de las empresas públicas y, puntualmente, de YPF.

El  director de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, se refirió sobre el rol de las compañías energéticas en manos del Estado o con una participación accionaria.

El también ex subsecretario de Hidrocarburos (2019-2020) respondió sobre qué pasaría en la industria energética si avanza una nueva ola de privatizaciones y qué obstáculos jurídicos tendría. 

Carbajales remarcó que “un gobierno no puede vender YPF de forma unilateral, necesita el "Ok" de las provincias y requiere de dos tercios del Congreso”.

El coordinador del libro “Manual de empresas públicas en Argentina (1946-2020). De la centenaria YPF a las actuales SABIE”, sostuvo que “Vaca Muerta es una realidad incontrastables e YPF es el actor insoslayable. El resto de las compañías la siguen”. Y agregó que “el riesgo de una privatización es que el sector se quede sin este jugador. Es como sentar a Messi en el banco de suplentes”.

-¿Qué rol tienen hoy las empresas públicas en energía en el país?

-Para esto hay que pensar en el hito de 2004 cuando se creó Enarsa, porque YPF estaba en manos de Repsol y el Estado nacional tenía que hacer acuerdos con YPFB de Bolivia para importar gas. A partir de esto se da como marca de posconvertibilidad un renacer del Estado empresario. Esto se da por necesidad porque algunas privadas se habían ido al CIADI (Aguas Argentinas y Correo Argentino). Y, también, fue una política de Néstor Kirchner de fortalecer el rol del Estado. Otro caso relevante es ARSAT. El otro gran hito es 2012 con la estatización de YPF, luego del fracaso del proceso del intento de argentinización que no pudo revertir la lógica depredatoria que se arrastraba de Repsol, con pérdida de producción y reservas. Durante el gobierno de Macri se cambió la lógica y se procuró en que YPF y otras empresas públicas sean más de mercado y que compitan. Macri no tuvo una política de impulso de estas empresas. Hoy YPF es, por ejemplo, la que más invierte en Vaca Muerta con un plan de inversión de más de US$ 5.000 millones este año.

-¿Cuáles son las empresas del sector energético que hipotéticamente se podrían privatizar?

-Hoy el Estado nacional tiene 37 empresas públicas, pero son más de 160 en las provincias. Es un fenómeno que pasó por muchos vaivenes, como la desfinanciación de la última dictadura cívico-militar y las privatizaciones de los 90´s. Hubo un proceso de descentralización, un pasaje de la órbita nacional a provincial e, inclusive, al ámbito de municipios y cooperativas. Esto sigue estando. En el sector energético tenemos a YPF, líder en producción de hidrocarburos; Enarsa, 100% estatal y que importa gas; las represas en la Patagonia y la construcción de infraestructura como el Gasoducto Néstor Kirchner. Está Transener, con mayoría accionaria estatal, que se encarga del transporte de alta tensión. Cammesa, que administra el mercado eléctrico y la importación de gasoil para la generación eléctrica y compra de gas. Metrogas, que es propiedad de YPF. Están IMPSA, INVAP, ARSAT (y Nucleoeléctrica Argentina S.A. -NASA- en el sector nuclear y YCRT). Es un complejo de empresas de energía que interactúan. A veces falta coordinación, hay que admitirlo, pero le permite al Poder Ejecutivo que la implementación de políticas públicas en energía sea más fácil. De lo contrario, sería muy complicado articular con el mercado y tomar decisiones políticas. Este complejo de empresas permite decidir a dónde hay que ir, son una brújula para el sector energético. 

 

-¿Qué implicaría una posible privatización de este complejo?

-Primero, el postulado que llaman libertario es el clásico principio de subsidiaridad del Estado. Es decir, es sacar de la cancha al estado para ponerlo en el banco de suplentes. El Estado entraría a jugar sólo cuando el mercado decide no participar, no puede o no le es rentable. El rol del Estado de complementación subsidiaria es en realidad un regreso a los años 90´s. Lo que puede ocurrir es que lo remplace una empresa privada con una lógica de lucro, que no estaría mal. El problema es que el privado no lo quiera hacer. Pienso en el ejemplo de Aerolíneas Argentinas, pero también YPF Gas, que lleva el gas de garrafa. Es un cúmulo de actividades que hacen las empresas estatales que tienen un objeto comercial y de eficiencia, pero -al mismo tiempo- tienen un objetivo de interés público donde realiza acciones que no van detrás de una ganancia. En definitiva, lo que puede ocurrir es que si no hay un Estado que organice estas políticas y estas empresas, muchas actividades y servicios podrían dejar de prestarse. El final del día, con privatizaciones lo que vamos a tener es pérdida de derechos por parte de la población.

-¿Qué obstáculos jurídicos debería atravesar una eventual política de privatizaciones?

-Habría que ver si son Sociedades del Estado (SE), Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado provincial (SAPEM) o simples sociedades anónimas (SA). Por la Ley 27.181 (2015) se restringió la venta de las acciones del Estado en las SA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde se exige una mayoría especial de las dos terceras partes del Congreso (incluye distribuidoras de gas y electricidad, generadoras, productoras, empresas industriales, entre otras).

En el caso de YPF, existe una sindicatura de acciones entre el Estado nacional y las provincias por 50 años donde deben votar en consonancia. Por eso mismo, un gobierno no puede vender YPF de forma unilateral, necesita el “ok” de las provincias y dos tercios del Congreso. En el caso de ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., Ley 27.208), el 51% está representado en acciones Clase A y está prohibida su venta sin previa autorización del Poder Legislativo. En cambio, en una SE no se puede vender la participación, habría que modificar el tipo societario porque en una SE siempre el Estado debe tener el 100% (Ferrocarriles, AGP, Casa de la Moneda y el sistema de medios públicos).

Todo esto implica una barrera muy grande si un gobierno quiere privatizar empresas públicas, vender su paquete accionario o disolverlas. Tampoco visualizo una consulta popular. Esto es un límite. Después hay cuestiones menores que se pueden resolver por decreto, pero no incluye a definiciones estructurales o sistémicas de reestablecer el Estado subsidiario de los años 90s. 

YPF fue clave para el inicio de Vaca Muerta, después le siguieron las demás petroleras. ¿Cómo podría impactar una política de privatizaciones en la producción de hidrocarburos?

-YPF fue la pionera de Vaca Muerta a partir de 2012 y 2013. Hoy es la empresa con más producción y es la tercera generadora eléctrica del país. También tiene el mayor acreaje (medida de superficie) y está a la vanguardia de los desarrollos y la infraestructura con sus propios oleoductos y tiene proyectados gasoductos. Hoy hay todo un ecosistema de empresas públicas, privadas, nacionales e internacionales que son las que permiten que Vaca Muerta aumente la producción no convencional, que representa casi el 50% del total del país. Vaca Muerta es una realidad incontrastables e YPF es el actor insoslayable. El resto de las compañías la siguen. El riesgo de una privatización es que el país y el sector se quede sin este jugador. Es como sentar a Messi en el banco de suplentes. Es un riesgo muy grande para la sociedad. 

 

El Destape