jueves 18 de abril de 2024
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Segundo encuentro

Los gobernadores patagónicos se reunirán el 8 de marzo mientras evalúan hacer una demanda judicial en común

Los gobernadores unificarán sus reclamos contra los recortes del gobierno nacional.
lunes 19 de febrero de 2024

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, será anfitrión de un nuevo encuentro del Tratado de la Patagonia, luego de la última reunión realizada en Bariloche. En esa oportunidad, se fijó una agenda que tuvo que ser modificada a partir de las decisiones del gobierno de Javier Milei, cuyas políticas impactan de lleno en la región.

El encuentro se realizará el 8 de marzo en el Hotel Rayentray de Puerto Madryn, y contará con la presencia de Alberto Weretilneck (Río Negro); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén), y Sergio Ziliotto (La Pampa), además de los senadores y diputados nacionales, que han sido invitados a participar y con quienes se espera fijar una agenda común, independientemente de sus colores políticos.

A los temas que venían abordando en encuentros anteriores se han agregado algunos que son considerados fundamentales, como el fondo de incentivo docente, la pesca, zona fría, hidrocarburos y transporte público.

El encuentro ha generado una gran expectativa política teniendo en cuenta que algunos gobernadores han mostrado fuertes posicionamientos en defensa de los derechos de los patagónicos ante el avance del gobierno central de algunos temas que son fundamentales para la región.

En los últimos días, algunos gobernadores pasaron de los dichos a los hechos. “Nacho” Torres presentó un pedido al Gobierno nacional por los subsidios al transporte y hasta se presentó ante la Justicia federal con una medida cautelar para exigir “el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros“. “Vamos a reclamar lo que nos corresponde“, indicó la semana pasada.

Tema pesquero

Unas semanas antes, el gobierno de Javier Milei había recibido un “scrum” de parte de los gobernadores patagónicos que rechazaron de plano las modificaciones que planteaba la denominada “Ley Ómnibus” o “Ley Bases“, respecto de la pesca.

“Nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país”, remarcaron en un comunicado conjunto. Tres eran los ejes del reclamo: afectaría gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros, a partir de la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; también la competencia desigual en los cupos de captura, y cuestionaron la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina“.

Ambas actividades eran fuertemente alteradas en varios artículos de la denominada “Ley Ómnibus”. Los gobernadores le dijeron que no.
Ante este posicionamiento, al Gobierno nacional no le quedó otro camino que negociar. Quien tuvo que recibir a “Nacho” Torres -en representación del resto- fue el ministro del Interior, Guillermo Francos. “Vamos a clarificar algunos puntos de la Ley porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales. Lo que pretendemos es que todo este proceso se haga de una manera eficiente para proteger la pesca argentina dentro de las 200 millas“, explicó.

No pasaron muchos días después para que la Nación retirara, con el compromiso de que se acompañe la Ley Ómnibus en general, el controvertido artículo pesquero.

Hidrocarburos

Paralelamente, los mandatarios del sur del país, entre ellos el santacruceño Claudio Vidal, pusieron el ojo en otro de los artículos del proyecto que recientemente cayó en desgracia. Fue así que en el encuentro realizado en Villa La Angostura marcaron la cancha respecto de los recursos hidrocarburíferos. Allí suscribieron otro documento en el que solicitaron la modificación de los más de 30 artículos que ponían al Poder Ejecutivo Nacional como autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera.

“Es una discusión ya saldada“, enfatizaron en la declaración. Expresaron que la explotación hidrocarburifera se debía realizar respetando la “sustentabilidad económica de los inversores” y “la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad”.

“Pedimos corregir la redacción del artículo 207 del Proyecto de Ley que ‘delega en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de incrementar, a los efectos de garantizar la sostenibilidad fiscal, las alícuotas de los derechos de exportación de todas aquellas mercaderías comprendidas en los artículos 203 y 204. Sin embargo, dichas alícuotas no podrán superar en ningún caso el 15%‘”, manifestaron.

Incluso, hicieron referencia a la reforma constitucional de 1994 y la Ley 26.197 que establece que “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”.

 “No somos una isla en la Nación” y “tampoco nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación”, manifestaron en el escrito.

“Las provincias patagónicas abastecemos de energía a la República a precios que han representado un verdadero sacrificio para nuestros habitantes a lo largo de la historia, y lo hemos hecho con alto sentido patriótico” advirtieron.

Tras el encuentro, el gobernador neuquino Rolando “Rolo“ Figueroa reveló que, en acuerdo de todos los presentes, convocaría a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHi) para debatir sobre estos cambios. “Es importante en el marco del debate en el Congreso de la Nación” y expresó: “Queremos que las decisiones estén convalidadas por esta organización”. Asimismo, destacó que “la Patagonia debe crecer en su conjunto“.

Quita de recursos

“Hablaré con respeto con el Gobierno nacional. Defenderé con firmeza los intereses del pueblo santacruceño. De ésta, salimos todos juntos”, manifestó en esa oportunidad, a través de la red social X, el gobernador Claudio Vidal.

Este último cuestionó, esta semana, la disminución de fondos para la provincia. “Contabilizados todos los recortes, la provincia de Santa Cruz sufrirá una disminución de 57 mil millones de pesos en sus ingresos. Más de la mitad de ellos son por la paralización de obras ya comenzadas“, se precisó de manera oficial desde la gobernación.

“Las consecuencias se observan en forma directa en las afectaciones que tienen esos recortes. Los más importantes por su relación con salarios y prestaciones, corresponden al incentivo docente y a los aportes a la Caja de Previsión Social“, advirtieron.

En el caso del incentivo docente, la misma fuente indicó que se trata de una baja de 6.800 millones de pesos que reduce el presupuesto de Educación y condiciona la discusión paritaria que acaba de comenzar. Pero los más abultados en cantidad son los recortes en el área de Vialidad provincial, que sufrirá una merma de 24.830 millones de pesos en sus programas, muchos de ellos en ejecución. También sufrirá un achique el IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda), que no recibirá los 9 mil millones de pesos previstos para distintas obras.

No todas fueron malas noticias. En una negociación considerada “histórica” por Santa Cruz, la provincia llegó a un acuerdo con YPF por los yacimientos convencionales, que serán devueltos a la provincia. Se trata de pozos maduros, algunos de ellos sin actividad, relegados por el boom del shale. Es un viejo reclamo de las provincias petroleras y constituye el primer acuerdo de este tipo. La Chubut de “Nacho” Torres avanza en una estrategia similar.

De esta manera, los gobernadores patagónicos ya habían puesto “primera” en el encuentro realizado en Ushuaia (Tierra del Fuego), cuando se comprometieron a relanzar y potenciar este espacio de integración política, económica, social y productiva. Pusieron “segunda” en Villa La Angostura (Neuquén), para defender con firmeza los recursos que por Constitución les pertenecen. Y pasarán a “tercera” el 8 de marzo en Puerto Madryn (Chubut), con la mirada puesta en el reclamo por los fondos no asignados en materia educativa y obra pública, en un contexto social que empieza a preocupar y con las paritarias estatales en marcha.