Domiciliarias para Osuna y Soiza, acusados como jefes de una red de estafas con planes sociales

Neuquén.- En el marco de la investigación sobre estafas vinculadas a planes sociales, un juez de garantías en Neuquén ordenó modificar la medida cautelar para uno de los principales imputados, Marcos Osuna, y extender la prisión domiciliaria de otro acusado, Ricardo Soiza. Ambos están sindicados como líderes de una organización que habría cometido irregularidades en la administración y cobro de beneficios sociales entre 2020 y 2022.

Osuna cumplirá prisión domiciliaria con tobillera electrónica, rondines policiales de control y prohibición de contacto con testigos a partir del 10 de enero. La medida será por un mes y medio, debido a que el 10 de enero se alcanza el límite de 18 meses de prisión preventiva permitida por ley para causas complejas.

Soiza, quien ya estaba cumpliendo prisión domiciliaria desde septiembre pasado, también verá prorrogada su situación bajo las mismas condiciones.

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El avance de la causa y las próximas etapas

El fiscal Juan Manuel Narváez argumentó que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que aún no concluyen las etapas procesales clave. Según detalló, la audiencia de control de acusación está programada para el 18 de febrero, y se espera que el juicio comience entre marzo y abril de este año.

La fiscalía sostiene que un grupo de exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, liderado por Osuna y Soiza, integró una asociación ilícita que se dedicó a desviar fondos de planes sociales mediante el uso indebido de cheques y tarjetas de débito. Otros acusados incluyen al exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el excoordinador de Administración, Tomás Siengenthaler, señalados como jefes de la organización.

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Condenas previas y estructura delictiva

La investigación identificó cinco niveles de responsabilidad dentro de la red delictiva, con roles que iban desde líderes hasta cobradores y beneficiarios ficticios. En el caso, ya se dictaron las primeras condenas para algunos involucrados en los niveles inferiores de la estructura.

Esta causa revela un entramado de corrupción que afectó directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, con un uso indebido de los fondos públicos destinados a programas sociales. La resolución de este caso será clave para garantizar la transparencia en la gestión de beneficios sociales en el futuro.