Impulsan un proyecto para eliminar el concepto de femicidio, cupos trans y DNI no binario

Este proyecto del gobierno de Javier Milei que busca eliminar el concepto de femicidio, junto con otras normativas relacionadas con derechos de género, promete ser uno de los temas más debatidos del año legislativo.

Con el título “Igualdad ante la ley”, la iniciativa propone modificar leyes clave como el agravante penal del femicidio, los cupos laborales trans, los documentos no binarios y la Ley Micaela, entre otras normativas que apuntan a la equidad de género.

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Puntos principales del proyecto:

1. Eliminación del concepto de femicidio: El gobierno argumenta que la ley debe ser igualitaria y no diferenciar penas según el género de la víctima, eliminando el agravante del artículo 80 del Código Penal.
2. Supresión de los cupos laborales trans: Propone derogar la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, que garantiza un cupo del 1% en el Estado para personas trans.
3. Eliminación de los documentos no binarios: Pretende revertir el decreto que permitió el reconocimiento de identidades no binarias en los DNI.
4. Revisión de la Ley Micaela: Buscan eliminar la capacitación obligatoria en género para funcionarios públicos.

Motivaciones y contexto:

El gobierno justifica estas propuestas en su postura contra las “diferenciaciones” legales, promoviendo una visión de igualdad basada en la idea de que el Estado no debe intervenir en cuestiones de género. Esto responde también a la línea discursiva que el presidente Milei expresó en el Foro Económico de Davos, donde criticó la agenda progresista global.

Impacto político y social:

El proyecto ya ha generado rechazo en sectores feministas, colectivos de diversidad y organismos de derechos humanos, que ven estas medidas como un retroceso en la lucha contra la violencia de género y la inclusión. Además, se espera un fuerte debate en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría absoluta.

Proyección legislativa:

Aunque el Ejecutivo está trabajando intensamente en esta agenda, su aprobación no está asegurada debido a la resistencia de la oposición y la sensibilidad social que rodea estos temas. No obstante, el gobierno parece decidido a usar estos debates para consolidar su base electoral y marcar posición ideológica en un año electoral.

Este proyecto polariza aún más el escenario político y plantea interrogantes sobre el futuro de los derechos de género en Argentina.