El Gobierno suspendió auditorías a pensiones por invalidez tras fuertes críticas
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) suspendió este martes las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez laboral. La decisión se formalizó mediante la Resolución 1172/2025, publicada en el Boletín Oficial, y derogó la anterior normativa 187/2025, que había habilitado controles médicos y administrativos sobre más de un millón de beneficiarios en todo el país.
La medida representa un freno parcial al ajuste que el Gobierno de Javier Milei impulsa sobre áreas sensibles como salud y discapacidad. Sin embargo, el Ejecutivo anticipó que el control sobre estas pensiones continuará una vez que se definan nuevos criterios bajo “estándares internacionales”.
Críticas a los procedimientos y falta de claridad en los criterios
Desde la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que el baremo médico implementado para las auditorías era deficiente y no garantizaba equidad entre los beneficiarios. A raíz de esa evaluación, se resolvió una revisión técnica integral del procedimiento.
Entre las principales observaciones, se destacó que varios criterios de evaluación no se ajustaban a normativas internacionales vigentes, lo que podría generar arbitrariedades en la continuidad de las pensiones.
Centros terapéuticos denuncian abandono y falta de recursos
Mientras tanto, organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad advirtieron sobre el colapso del sistema de atención. “Hay centros que cerraron, otros piden rifas o contribuciones a las familias, y muchos dejaron de brindar alimentación”, alertó Virginia Els, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CA.PRE.DIS).
Els señaló que el desfinanciamiento afecta directamente a las familias: “Una mamá enfermera trabaja ocho horas en salud y otras cuatro en Rappi para sostener los gastos por su hijo con autismo. Hoy, un tercio de nuestra población no puede pagar por las prestaciones”.
Sin actualización de aranceles ni respuestas del Estado
Los valores que abonan las obras sociales por servicios de discapacidad se rigen por el Nomenclador Nacional, cuya actualización depende del Gobierno. Sin embargo, desde hace cinco meses no se convocan reuniones para revisar esos aranceles, y en lo que va del año no se otorgaron aumentos.
Los incrementos en los últimos meses de 2024 fueron mínimos: septiembre 1%, octubre 1%, noviembre 0,8% y diciembre 0,5%. En 2025, aún no hubo actualización.
Advertencia de colapso institucional en todo el país
En Córdoba, 38 instituciones firmaron una carta abierta advirtiendo que “la atención a personas con discapacidad está en peligro”. Señalaron que si cierran los centros, no existirá una alternativa pública como ocurre en otras áreas de la salud.
“Si el Estado Nacional no actúa, solo accederán a servicios quienes puedan pagarlos. El resto quedará excluido. Esto ya ocurre en muchos países, donde la inclusión es un privilegio, no un derecho”, concluye el documento.
