martes 3 de marzo de 2026
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El Gobierno modificará por decreto la Ley de Glaciares

La Casa Rosada avanza en una reforma que reduciría las zonas protegidas y habilitaría actividades económicas en áreas periglaciares. Ambientalistas ya alertan sobre el impacto.
domingo 08 de junio de 2025

El Gobierno nacional prepara una modificación por decreto de la Ley de Glaciares (N° 26.639) para ampliar los márgenes de explotación minera, hidrocarburífera e industrial en zonas cercanas a los glaciares. La medida, que será reglamentaria y no requerirá aval del Congreso, está siendo elaborada por equipos técnicos de la Casa Rosada junto al Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía.

Según trascendió, la reforma apunta a reducir las áreas consideradas protegidas, permitiendo actividades económicas en la zona periglaciar. Para ello, se establecerían nuevos criterios que limitarían la protección solo a glaciares y escombros activos con una superficie mínima de una hectárea, permanencia de al menos dos años, función hídrica comprobada y presencia en el Inventario Nacional de Glaciares.

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Desde el Ejecutivo aseguran que continuarán exigiendo estudios de impacto ambiental y que se mantendrán las restricciones para los glaciares descubiertos y cubiertos. También se busca dar mayor autonomía a las provincias para decidir sobre sus recursos naturales.

La iniciativa había sido incluida originalmente en el proyecto de Ley Bases de 2024, pero fue retirada por falta de apoyo legislativo. En febrero de ese año, la ONU advirtió al Gobierno sobre el carácter “regresivo” del intento de reforma y su posible impacto sobre los derechos de defensores ambientales.

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El nuevo decreto está siendo impulsado por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y cuenta con el apoyo de la secretaria de Energía, María Tettamanti, el titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el equipo de Legal y Técnica que lidera María Ibarzabal.

El Gobierno argumenta que la modificación dará “seguridad jurídica” a proyectos de inversión y responde a la presión de sectores empresariales interesados en desarrollar actividades en zonas hasta ahora restringidas por la ley.