Adiós al peso mínimo para faena desde 2026
Nueva desregulación en el sector cárnico argentino. El Gobierno nacional eliminó el peso mínimo obligatorio para la faena de animales bovinos, una medida que regía desde hace casi dos décadas. La decisión fue oficializada este martes mediante una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca publicada en el Boletín Oficial.
Según el texto, la normativa empezará a regir a partir del 1° de enero de 2026. Hasta entonces, las infracciones y procedimientos administrativos seguirán tramitándose según la legislación vigente.
“Los productores cuentan con los conocimientos técnicos, la experiencia y las herramientas de gestión adecuadas para determinar el momento óptimo de faena”, señala la resolución.
Una política con historia
La regulación sobre el peso mínimo de faena comenzó en 2007 con la resolución 68, que estableció umbrales mínimos por media res para novillitos y vaquillonas. También fijó sanciones para quienes faenaran animales de menor peso, especialmente mamones y terneros.
A lo largo de los años, esas reglas fueron modificadas varias veces. En 2010 se fijó un mínimo de 99 kg por media res, y en 2019 se diferenciaron los mínimos según el sexo del animal: 165 kilos para machos y 140 para hembras.
Fundamentos de la desregulación
La medida se apoya en el DNU 70/2023, que promueve una amplia desregulación económica y la libre competencia. Para el Gobierno de Javier Milei, estas normas limitaban la libertad de los productores y distorsionaban el funcionamiento del mercado.
Además, aseguran que la normativa acumuló tantas modificaciones que terminó generando “incertidumbre normativa” y “afectó la previsibilidad necesaria” para planificar los ciclos productivos ganaderos.
“Esta administración ha asumido el compromiso de restablecer el marco de libertad económica, promoviendo reglas claras y orientadas a fortalecer la iniciativa privada como motor del desarrollo”, sostiene el texto oficial.
Transición hasta 2026
Aunque la derogación ya fue dispuesta, entrará en vigencia recién en enero de 2026. El objetivo es que productores y frigoríficos tengan tiempo de adaptar sus procesos productivos, logísticos y comerciales.
