Gendarmería cerró en tiempo récord la investigación por el disparo que hirió a Pablo Grillo
La Gendarmería Nacional cerró en tiempo récord la investigación administrativa por el disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo frente al Congreso. El expediente fue archivado sin sanciones disciplinarias, a pesar de que los informes internos contienen múltiples inconsistencias y contradicciones, según denunciaron los abogados de la querella.
El autor del disparo, identificado como el cabo primero Héctor Guerrero, continúa en funciones. La fuerza consideró que el hecho fue un “accidente fortuito”, producto de “mala visibilidad” y de la “imprudencia de la víctima”, al ubicarse “en la línea de tiro”.
Investigación exprés y sin reproches
El sumario se inició el 17 de marzo por orden del comandante Marcelo Porra Melconian, designando al comandante mayor Adrián Barressi como sumariante. Solo un día después, Barressi emitió un informe final sin entrevistar a testigos externos ni revisar evidencia audiovisual independiente. El documento concluyó que no había razones para sancionar a ningún agente.
El asesor jurídico de la fuerza, José Carlos Lodolo, respaldó la misma versión y el 19 de marzo —apenas siete días después de la represión— se cerró oficialmente el expediente.
Reapertura formal, mismas conclusiones
La investigación se reabrió el 25 de abril, tras requerimientos judiciales y presión social. Se incorporaron nuevos testimonios, informes médicos y una pericia sobre la mecánica del disparo. Sin embargo, el resultado fue el mismo: ningún reproche disciplinario. La resolución final fue firmada nuevamente por Porra Melconian el 29 de abril.
Para los abogados del CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el trámite fue una "formalidad para convalidar los hechos y proteger a los responsables". Según la querella, el procedimiento omitió pruebas clave, como el manual de la pistola lanzagases, que prohíbe disparos dirigidos en ángulo horizontal hacia personas por el riesgo de lesiones graves o muerte.
Declaraciones internas sin control externo
El gendarme Guerrero declaró que actuó “según protocolo”, que disparó al suelo y que se enteró del hecho por los medios. Sin embargo, nunca fue indagado en sede judicial. Todas las declaraciones del personal de la fuerza coincidieron en que el operativo se realizó “con profesionalismo” y conforme al “marco legal”.
También declaró el jefe del Destacamento Móvil 6, Néstor Germán López, quien negó incidentes graves y sostuvo que los manifestantes heridos no estaban identificados como prensa. Atribuyó la planificación del operativo al Comando Unificado y al Ministerio de Seguridad de la Nación, eludiendo cualquier responsabilidad directa.
Críticas a la objetividad de Gendarmería
La familia de Grillo, junto con las organizaciones querellantes, calificó el informe como “parcial y sesgado”. Advirtieron que el expediente se cerró sin considerar evidencia que contradice el relato oficial y que se construyó una versión “para encubrir” y “garantizar impunidad”.
A pesar de que las pruebas médicas y audiovisuales indican que el disparo fue directo y no un rebote accidental, las autoridades de Gendarmería priorizaron los testimonios de sus propios efectivos, sin permitir control externo ni contraste con peritajes independientes.
El caso sigue su curso en la justicia penal federal, donde la querella insiste en que se investigue el accionar de Guerrero y la responsabilidad de la cadena de mando en una represión que puso en riesgo la vida de civiles, entre ellos periodistas y trabajadores de prensa.
