El Gobierno busca declarar imprescriptibles los delitos sexuales tras un fallo de la Corte

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que el Gobierno incluirá la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en la reforma del Código Penal que enviará próximamente al Congreso.

La decisión fue anunciada este jueves a través de la cuenta oficial del funcionario en la red X (exTwitter), donde expresó:

“Los delitos sexuales no deberían prescribir. Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal propondremos su imprescriptibilidad”.

La iniciativa cobra fuerza luego del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia, que sobreseyó al exsacerdote Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abusar de menores en el Seminario Menor de Paraná entre 1985 y 1993.

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Con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró la prescripción de la acción penal, al considerar que los hechos no encuadran como delitos de lesa humanidad y, por tanto, no pueden ser considerados imprescriptibles.

El fallo generó fuerte repudio de organizaciones de derechos humanos y sectores del oficialismo. Las víctimas, que denunciaron los abusos en 2012 cuando tenían entre 33 y 37 años, habían sostenido que los hechos ocurrieron durante su estadía como internos en el seminario, en un contexto de subordinación y abuso de poder por parte del religioso.

Aunque el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos había considerado que la gravedad del caso justificaba aplicar criterios internacionales sobre imprescriptibilidad, la Corte nacional desestimó ese argumento y concluyó que, legalmente, la causa estaba prescripta desde 2005.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la modificación del Código Penal busca evitar que casos similares queden impunes y fortalecer la protección de las víctimas de abuso, especialmente cuando los hechos se denuncian años después por el trauma que generan.

El proyecto será presentado en el Congreso como parte de una reforma integral del Código Penal argentino, que incluirá otros cambios en materia de seguridad, justicia y delitos federales.