La Justicia ordenó al Gobierno nacional reparar rutas críticas en Formosa en un plazo de 90 días

La Justicia Federal de Formosa ordenó al Gobierno nacional acondicionar en un plazo de 90 días los tramos más deteriorados de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por organizaciones civiles y el Defensor del Pueblo provincial.

La resolución, emitida por el Juzgado Federal N.º 1 bajo el expediente 452/25, obliga a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a realizar tareas urgentes de bacheo, sellado de grietas, limpieza de banquinas y señalización, especialmente en sectores de alto tránsito y deterioro estructural como el Puente Blanco sobre el Riacho Formosa, cuya situación representa un peligro grave para la seguridad vial.

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Reclamo de víctimas y transportistas
La acción judicial fue presentada por la Fundación “Padres Unidos por el Dolor”, que agrupa a familiares de víctimas fatales en accidentes de tránsito, en conjunto con el Sindicato de Camioneros, la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA), y con el patrocinio del Defensor del Pueblo Leonardo Gialluca.

Según la presentación, el abandono estatal de las rutas vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, el trabajo, la seguridad y la educación, al poner en riesgo diario a miles de conductores. “No se trata de números en una planilla de Excel: se trata de personas”, expresaron desde la fundación.

Una infraestructura vial en crisis
La denuncia detalla que las rutas se encuentran en un estado deplorable, con baches de gran profundidad, fisuras, erosión estructural, vegetación que reduce la visibilidad y residuos peligrosos en las banquinas, como neumáticos abandonados. A esto se suma la escasa señalización en zonas de niebla o cruce de animales silvestres.

Además, los denunciantes advierten que la paralización del mantenimiento por decisión del Gobierno nacional pone en riesgo directo a los usuarios de estas rutas. La ley nacional de tránsito 24.449 establece la obligación de garantizar caminos seguros, algo que, según los firmantes, Vialidad ha incumplido sistemáticamente.

Una medida con impacto nacional
La resolución judicial deja en evidencia las consecuencias del ajuste aplicado en infraestructura y refuerza los reclamos por mayor inversión en rutas estratégicas del norte argentino. Desde las entidades demandantes afirmaron que la medida es “un precedente clave” para otras provincias que atraviesan situaciones similares.

La DNV deberá ahora presentar un plan de acción inmediato para evitar una profundización de la crisis vial en la región. El fallo remarca que la omisión del Estado no solo impide la circulación segura, sino que agrava las condiciones económicas y sociales de las poblaciones afectadas.