Economía regional
El Gobierno reformó el INV y desregula la industria vitivinícola: menos controles y más foco en el producto final
El Gobierno nacional oficializó este lunes la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
A través del Decreto Delegado 426/25, el Ejecutivo modificó las funciones del organismo con el objetivo de reducir burocracia y desregular la industria vitivinícola, según anunció el asesor presidencial Federico Sturzenegger en redes sociales.
Qué cambia con la reforma del INV
La principal modificación radica en que el organismo ya no controlará las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo —como la propiedad de los viñedos, cosecha, elaboración, fraccionamiento o transporte— y se limitará a verificar la calidad y aptitud para el consumo de los productos que llegan al consumidor final.
“El INV saldrá de la función de producción y se enfocará exclusivamente en el producto en góndola”, detalló Sturzenegger.
También se establece que los controles podrán ser realizados por entidades privadas, y las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas. Los productores podrán tramitarlas con el propio INV o con organismos privados, una lógica que —según el Gobierno— promueve competencia y eficiencia.
¿Qué se mantiene?
Las certificaciones para exportación exigidas por países de destino seguirán siendo expedidas por el INV. Esta excepción fue solicitada de forma “unánime” por el sector vitivinícola y por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien también pidió conservar el nombre del instituto.
Críticas a la gestión anterior y justificación oficial
Según Sturzenegger, el exceso de controles fue el resultado de una modificación introducida en la Ley 14.878 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que le otorgó al INV potestades amplias de regulación.
El funcionario calificó al organismo como una “estructura sobredimensionada, onerosa e ineficaz” que había sido cuestionada por bodegueros y productores por “imponer trabas” y dificultar la innovación.
“Había productores que tenían empleados dedicados exclusivamente a cumplir con los trámites del INV”, aseguró.
Con esta reestructuración, el Gobierno busca aliviar cargas sobre el sector, uno de los pilares de la economía regional en provincias como Mendoza y San Juan, y reducir gastos administrativos innecesarios en el Estado nacional.
