Procesaron a Alberto Fernández por corrupción en la causa de los seguros
La Justicia federal procesó este jueves a Alberto Fernández en el marco de la causa Seguros, una investigación que apunta a supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como presidente, vinculadas a la contratación de seguros por parte de organismos públicos.
El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento del exmandatario por el delito de incompatibilidad en el ejercicio de funciones públicas, una figura asociada a actos de corrupción cometidos por funcionarios que se benefician o facilitan negocios privados desde su cargo.
La investigación, impulsada con un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), analizó 45 contratos suscritos entre el Estado y Nación Seguros, con la participación de brokers relacionados al círculo cercano del expresidente. Según ese documento, existe una “íntima vinculación de funcionarios públicos con empresarios privados” beneficiados.
Quiénes más están involucrados
En la causa también fueron procesados María Cantero, exsecretaria de Fernández, y su esposo, Héctor Martínez Sosa, un productor de seguros señalado como uno de los principales beneficiados. Ambos son considerados parte de un esquema montado para direccionar negocios estatales a través de la empresa Nación Seguros SA.
El extitular de esa firma, Alberto Pagliano, también está implicado por haber participado en la presunta estructura de desvío de fondos a partir del decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligaba a todos los organismos públicos a contratar sus pólizas únicamente con Nación Seguros.
La defensa de Alberto Fernández
Al ser citado a declarar, el expresidente optó por presentar un escrito ante los tribunales de Comodoro Py, en el que negó los cargos en su contra. Afirmó que el decreto fue una “decisión política” consensuada con diversos organismos, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y la propia Nación Seguros.
“No comprendo los cargos que me formulan”, sostuvo Fernández, y argumentó que su intención fue mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado y no favorecer a ningún actor privado.
La causa sigue abierta y podría avanzar hacia nuevas imputaciones o llamados a indagatoria, mientras la Justicia analiza si hubo perjuicio patrimonial para el Estado.
