Apoyo internacional en la causa YPF
EE.UU. respalda a la Argentina para frenar la entrega de acciones de YPF
El gobierno de Estados Unidos confirmó que apoyará a la Argentina en su estrategia judicial para evitar la entrega de las acciones de YPF como forma de pago en el juicio que enfrenta en Nueva York por la expropiación de la petrolera en 2012.
El Departamento de Justicia norteamericano se presentó como “amicus curiae” ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito para respaldar el pedido argentino de suspender la ejecución de la sentencia emitida por la jueza Loretta Preska, quien ordenó la transferencia inmediata del 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park.
Se trata de la segunda vez que Washington interviene en favor de Argentina en este caso. Ya lo había hecho durante la administración Biden, cuando advirtió que la entrega forzosa de acciones “violaba las normas de inmunidad soberana” en territorio estadounidense.
Cómo sigue el caso
La sentencia de Preska –que obliga a Argentina a pagar US$16.100 millones por no haber cumplido con el estatuto de YPF al momento de la nacionalización– está suspendida provisoriamente. Sin embargo, se espera que el 17 de julio, Burford presente su oposición al pedido argentino de extender la suspensión, y el 22 de julio, el país responda con argumentos a favor.
Luego, la Cámara designará a los tres jueces que resolverán si la orden de entrega de las acciones queda congelada hasta que se defina la apelación de fondo, algo que podría demorar hasta 2026.
Si la Corte accede al pedido argentino, la entrega de las acciones quedará pausada hasta que se resuelva la apelación. Pero si lo rechaza, la orden de Preska volverá a estar vigente.
Contexto
La causa se originó tras la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% de YPF en 2012, una participación que estaba en manos de Repsol. El resto de los accionistas privados no fueron compensados, lo que generó la demanda encabezada por Burford, que había adquirido los derechos del Grupo Petersen.
Desde el fallo original de septiembre de 2023, que fijó la indemnización en US$16.100 millones, el Estado argentino apeló, pero los demandantes redoblaron la presión solicitando que se les pague con las acciones en poder del Estado.
