Control en la función pública
Avanza el proyecto en la Legislatura para exigir exámenes toxicológicos a funcionarios
La Comisión de Desarrollo Humano y Social emitió despacho favorable a un proyecto que obliga a funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado a realizar exámenes toxicológicos.
La medida, que unifica varias iniciativas, busca garantizar el ejercicio de la función con plenas facultades y libre de sustancias psicotrópicas ilegales.
El texto consensuado establece que los análisis deberán realizarse una vez al año de forma aleatoria y serán autofinanciados por cada funcionario.
También prevé una contraprueba dentro de los cinco días posteriores a un resultado positivo.
Entre las sanciones, se contempla la suspensión automática sin haberes y, en caso de persistir la situación, la remoción del cargo según los procedimientos vigentes.
El universo alcanzado incluye desde el gobernador, ministros y secretarios, hasta diputados, magistrados, fiscales, defensores, miembros del Tribunal de Cuentas y autoridades del Consejo de la Magistratura.
La propuesta inicial de incluir a funcionarios de menor rango fue descartada, al igual que la posibilidad de exigir estos exámenes a candidatos.
El proyecto continuará su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Hacienda y Presupuesto, donde se definirán aspectos como la periodicidad, el alcance de los cargos involucrados y los plazos para la contraprueba.
En la misma reunión, la comisión recibió a la cardióloga infantil Carolina Ramallo, quien respaldó otro proyecto que busca incorporar ecografías obstétricas con evaluación cardíaca fetal y oximetría de pulso en recién nacidos como controles rutinarios para la detección temprana de cardiopatías congénitas.
