Fiscalía de Brasil acusa a Eduardo Bolsonaro por coacción en defensa de su padre y crece la tensión con EE.UU
La Fiscalía de Brasil acusó este lunes al diputado Eduardo Bolsonaro de “coacción”, al señalarlo por intentar presionar a la Justicia con la amenaza de sanciones de Estados Unidos en el marco del proceso por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado este mes a 27 años de prisión.
Según el Ministerio Público, desde su estadía en EE.UU., el legislador intentó condicionar a las autoridades judiciales asegurando que conseguiría castigos de Washington “si el proceso no terminaba” de forma favorable para el exmandatario. También fue procesado el influenciador Paulo Figueiredo, aunque la Fiscalía decidió no imputar a Jair Bolsonaro.
Los fiscales consideraron que las amenazas fueron “inequívocas y consistentes” y que buscaban “someter los intereses de la República a designios personales”.
En redes sociales, Eduardo Bolsonaro respondió acusando persecución política: “Esto subraya que la persecución continúa. No nos dejaremos intimidar”.
Escalada diplomática con Washington
El anuncio de la imputación coincidió con la decisión de Estados Unidos de endurecer sanciones contra Brasil bajo la Ley Magnitsky, lo que incluye congelación de activos, prohibición de transacciones y suspensión de visados.
Entre los sancionados figura Viviane Barci, esposa del juez Alexandre de Moraes, responsable del juicio contra Bolsonaro, además de la consultora paulista Lex - Instituto de Estudios Jurídicos.
El juez Moraes calificó la medida como una “intromisión inaceptable” que vulnera “la soberanía de Brasil y la independencia judicial”.
Respuesta del gobierno de Lula
La administración de Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó “con profunda indignación” y denunció la decisión de la Casa Blanca como “un intento de injerencia en los asuntos internos de Brasil”.
Desde Washington, en cambio, altos funcionarios justificaron las sanciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a Moraes de impulsar “una campaña de censura y procesos judiciales politizados”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, lo responsabilizó por “graves abusos a los derechos humanos”.
Fuentes cercanas al gobierno de Donald Trump anticiparon que las medidas “apenas comienzan”, lo que amenaza con profundizar el choque diplomático entre ambos países.
