Proyecto en el Congreso
Con el apoyo Tanya Bertoldi proponen convertir el Previaje en ley para potenciar el turismo interno en Argentina
Un nuevo proyecto ingresado al Congreso de la Nación busca transformar al Previaje en una política pública permanente.
La iniciativa, presentada por la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria) junto a Pablo Carro, Gabriela Pedrali, Leila Chaher y la neuquina Tanya Bertoldi, propone la creación del Programa de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales con rango de ley.
El mecanismo consiste en un reintegro estatal del 20% al 50% sobre las compras anticipadas de alojamiento, transporte, excursiones, gastronomía y actividades culturales. El beneficio se acreditaría en una tarjeta precargada (física o virtual) de uso exclusivo en el mercado turístico argentino.
Beneficiarios: todos los mayores de 18 años residentes en el país registrados en la plataforma Mi Argentina.
Financiamiento: 30% de la recaudación del Derecho Nacional al Turismo (DNT) más partidas del Presupuesto Nacional.
Autoridad de aplicación: el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Consejo Federal de Turismo.
Impacto comprobado
Según los fundamentos, el programa creado en 2020 benefició a 8 millones de personas, generó un impacto económico superior a $790 mil millones y aportó $550 mil millones en facturación directa a prestadores inscriptos.
El Previaje 2 (2021) fue el más exitoso: movilizó $165 mil millones, alcanzó a 4,5 millones de turistas y recuperó el 79% de su costo inicial vía retorno fiscal.
Política inclusiva y contracíclica
El proyecto plantea al Previaje como una herramienta contracíclica, que moviliza el ahorro en pesos, fortalece la economía interna, desalienta el turismo emisivo y genera empleo. Además, prevé un reintegro especial del 50% para afiliados al PAMI, con el objetivo de fomentar el acceso de adultos mayores a la actividad turística.
Una política de Estado
Los legisladores buscan que el Previaje deje de depender de decisiones administrativas de corto plazo y se convierta en una política de Estado con previsibilidad, lo que permitiría planificar inversiones, campañas de promoción y estrategias de desarrollo.
En palabras de Estévez y sus colegas, aprobar la ley sería “una inversión en el futuro económico y cultural de la Argentina”, con beneficios directos para familias, prestadores y comunidades locales.
