lunes 23 de febrero de 2026
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Argentina apeló en EE.UU. el fallo por la nacionalización de YPF y busca revertir la sentencia millonaria

El Gobierno presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para impugnar la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a entregar activos de YPF. La defensa se apoya en inmunidad soberana, límites de jurisdicción y consecuencias diplomáticas.
sábado 27 de septiembre de 2025

Argentina apeló este viernes el fallo de la jueza Loretta Preska en el marco de la causa por la nacionalización de YPF. El recurso fue presentado ante la Cámara de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York y busca frenar la ejecución de la sentencia que fija una indemnización de US$ 16.000 millones.

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La estrategia legal del país se apoya en cuatro ejes centrales:

  1. Jurisdicción: se sostiene que la justicia estadounidense no tiene autoridad para ordenar la repatriación de activos de un Estado soberano.
  2. Normativa local: se cuestiona la interpretación de la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225), que según Argentina fue aplicada de manera errónea.
  3. Inmunidad soberana: se invoca la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) como escudo para proteger los bienes estratégicos del país.
  4. Impacto diplomático: se advierte que la orden podría generar tensiones en las relaciones bilaterales y un precedente riesgoso para Estados Unidos.

En un movimiento clave, el propio gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae respaldando la posición argentina. Washington advirtió que forzar la entrega de acciones de YPF violaría los límites que impone la FSIA y podría tener «ramificaciones negativas» en materia de política exterior.

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Además, el escrito señala que Argentina enfrentaría un “daño irreparable” si cumple con la orden antes de que se resuelva la apelación, ya que aun con un fallo posterior favorable no podría recuperar los activos transferidos.

Según estimaciones de especialistas, la Cámara de Apelaciones podría definir el caso en el primer trimestre de 2026, extendiendo una disputa judicial que ya lleva más de una década desde la estatización de YPF en 2012.

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