Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado
El Senado uruguayo aprobó este miércoles el proyecto de ley “Muerte digna”, que despenaliza la eutanasia bajo condiciones específicas, convirtiendo a Uruguay en el primer país de América Latina en aprobarla mediante legislación. La norma obtuvo 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes y ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.
Con esta aprobación, Uruguay se suma a un grupo reducido de naciones que permiten la muerte asistida, entre ellas Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España, mientras que en América Latina solo Colombia y Ecuador habían despenalizado la práctica mediante fallos judiciales.
Requisitos y procedimiento
El proyecto establece que solo podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, residentes o ciudadanos, con aptitud psíquica y que padezcan patologías incurables o condiciones de salud irreversibles que generen sufrimientos insoportables.
El procedimiento contempla varias etapas:
- El paciente solicita la eutanasia a un médico, quien puede rechazar el pedido.
- En caso de rechazo, puede acudir a un segundo médico y, si este también rechaza, se convoca una junta médica integrada por especialistas y un psiquiatra.
- El paciente debe expresar su voluntad por escrito y frente a testigos, pudiendo arrepentirse en cualquier momento.
- La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), mutualistas y hospitales públicos podrán ofrecer el procedimiento, pero las clínicas privadas no.
La ley también crea una comisión de revisión de casos que deberá reportar resultados anualmente y considera la eutanasia como muerte natural a efectos legales.
Apoyo social y posiciones enfrentadas
El 62% de los uruguayos respaldan la eutanasia, mientras que un 24% se opone, según la consultora Cifra. Defensores del proyecto destacan que respeta la voluntad del paciente y brinda garantías médicas.
Activistas como Florencia Salgueiro subrayan la importancia de la norma para quienes sufren enfermedades terminales, como su padre, que no pudo acceder a asistencia para morir dignamente. Otro caso emblemático es Beatriz Gelós, paciente con ELA, quien apoya la ley por su derecho a decidir sobre su vida.
El Colegio Médico no tomó postura oficial, pero asesoró para garantizar seguridad a pacientes y profesionales. Por su parte, la Iglesia Católica expresó su “tristeza” por la aprobación y varias organizaciones cuestionaron la redacción del proyecto, considerándola “deficiente y peligrosa”.
