Conflicto por viviendas
Querellantes presentaron una contrapropuesta firme a la Cooperativa 127 Hectáreas
En el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades en la Cooperativa 127 Hectáreas Limitada, la parte querellante presentó una propuesta de contraoferta con carácter “firme, indivisible e innegociable”, cuyo cumplimiento integral se establece como condición para poner fin a las acciones penales y civiles en curso.
El documento, ingresado formalmente en la causa (Legajos Fiscales N° 331354/24, 334701-2025 y 344006-2025), plantea una serie de condiciones concretas de reparación integral para los damnificados.
Entre los puntos centrales, se exige la asignación inmediata de 60 unidades funcionales (dúplex) —equivalentes al 70% del total de viviendas del complejo— en favor de los socios querellantes, bajo un sistema de responsabilidad solidaria asumido por la Cooperativa.
Además, la propuesta solicita la realización de un peritaje técnico independiente para determinar el grado de avance de las obras y garantizar una distribución equitativa entre los damnificados y la entidad. También se reclama el reconocimiento formal y la actualización de todos los aportes realizados, ajustados por el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
Otro de los puntos destacados es la exigencia al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de establecer el valor final de las viviendas y un plan de financiación transparente, que contemple los montos ya abonados.
Los querellantes piden además la eximición del pago de los lotes, la garantía de los servicios esenciales (agua, electricidad y cloacas) y la presentación de planos de mensura definitivos.
En relación con las operatorias “Sirena Unificada” y “La Meseta”, el texto detalla mecanismos de prioridad de adjudicación y de actualización de montos para los socios afectados, incluyendo condiciones especiales para quienes opten por el Distrito N° 6.
La propuesta también rechaza expresamente los reintegros nominales, exigiendo que cualquier devolución de dinero se equipare al valor de mercado actual de las viviendas, y establece un plazo máximo de 12 meses para la entrega de los lotes y unidades adjudicadas.
Finalmente, se incorpora una cláusula penal automática que prevé una multa diaria equivalente a diez (10) JUS —según el valor fijado por el Tribunal Superior de Justicia— por cada día de demora en los plazos pactados.
Los querellantes advirtieron que, en caso de no aceptarse íntegramente esta contrapropuesta, solicitarán la elevación a juicio por los delitos de estafa y otros que se investigan, además de reclamar la reparación total de los perjuicios sufridos.
