Acuerdo energético nacional
El Gobierno acuerda con Chubut eliminar retenciones al petróleo convencional y busca extender el esquema a otras provincias
El Gobierno nacional y la provincia de Chubut firmaron un acta de entendimiento para eliminar las retenciones al petróleo convencional producido en la Cuenca San Jorge.
La medida busca dar previsibilidad a las inversiones en cuencas maduras, sostener la producción y proteger el empleo del sector hidrocarburífero, que atraviesa un declino natural por el envejecimiento de los yacimientos.
El encuentro se realizó en el Palacio de Hacienda y contó con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.
Según el acta firmada, Nación, provincia y empresas acordaron un esquema de “esfuerzos compartidos” para sostener la actividad:
- Estado nacional: avanzará en la adecuación del régimen de exportación, eliminando retenciones al crudo convencional.
- Provincia: revisará regalías y cánones para acompañar la actividad.
- Empresas: se comprometen a sostener la producción, reactivar pozos y mantener los planes de inversión.
El Gobierno adelantó que este esquema, inaugurado en Chubut, se extenderá de manera progresiva al resto de las provincias productoras: Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Mendoza, entre otras.
Inversiones para reactivar pozos maduros
El comunicado oficial detalla que las inversiones priorizarán:
- Incrementar la producción de hidrocarburos convencionales.
- Reactivar equipos y pozos en cuencas maduras.
- Mejorar la eficiencia operativa.
- Sostener el empleo directo e indirecto de la industria.
Hacia una reducción de la carga impositiva
El acuerdo forma parte de una política más amplia orientada a reducir la presión fiscal sobre la producción y las exportaciones de energía. Desde el Ejecutivo sostienen que la meta es “aliviar al sector privado, generar nuevas inversiones y promover reglas claras y previsibles” para la industria hidrocarburífera.
