Neuquén busca que los ex funcionarios devuelvan lo que se robaron

La provincia de Neuquén fijó una postura firme e innegociable: no descansará hasta que los exfuncionarios del gobierno de Omar Gutiérrez que protagonizaron el fraude de los planes sociales devuelvan cada peso robado.

Apenas se conocieron las condenas, la Fiscalía de Estado anunció que apelará porque considera que las penas impuestas no reflejan la magnitud del daño que sufrió el Estado ni la perversidad de la maniobra. Para el gobierno, el castigo debe ser ejemplar y la reparación, total.

La Fiscalía de Estado sostiene que quedó demostrada la existencia de una organización delictiva destinada a desviar fondos públicos que debían llegar a familias de bajos recursos. Por eso insistirá en que se aplique la figura de asociación ilícita, que prevé penas mucho más duras y obliga a un análisis más severo sobre el daño causado.

Según el organismo, los condenados actuaron con roles definidos y un esquema funcional que se mantuvo en el tiempo, lo que amerita un reproche penal más fuerte.
El gobernador Rolando Figueroa viene repitiendo que la corrupción le ha costado demasiado a la provincia y que ese ciclo se terminó.

Su gestión ya dio pasos concretos: echó ñoquis, eliminó gastos superfluos y desarticuló privilegios arraigados en la administración pública. Frente a un fraude que desvió millones destinados a los sectores más vulnerables, su mensaje es claro: los responsables deberán devolver lo que se llevaron, sin atajos ni negociaciones.

La Fiscalía precisó que apelará apenas la sentencia quede firme para que un tribunal superior vuelva a revisar la acusación por asociación ilícita. Sostiene que la prueba reunida permitió identificar una estructura delictiva que operó entre 2020 y 2022, justo cuando miles de familias atravesaban su peor momento por la pandemia. Que en ese contexto se hayan quedado con dinero ajeno, vuelve aún más urgente la exigencia de reparación integral.

Mientras tanto, continúan en curso las acciones civiles para recuperar los fondos públicos desviados. El perjuicio comprobado, que inicialmente rondaba los 153 millones de pesos, hoy supera los 1.200 millones por actualización.

La provincia no solo quiere penas más duras: quiere que ese dinero vuelva a donde debía haber estado desde el principio. No habrá conformidad hasta que cada peso robado regrese a las arcas provinciales.

La causa, que involucró a figuras de alto rango como el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, generó un cimbronazo político y social que marcó un antes y un después en Neuquén. La sentencia del tribunal, que fijó penas de hasta cinco años, podría elevarse hasta diez si prospera la apelación de la Fiscalía.

El gobierno insiste en que la justicia debe actuar con firmeza para que ningún exfuncionario crea que puede beneficiarse de sus delitos.

El fraude, basado en el uso ilegítimo de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, ya fue eliminado como práctica. Pero la provincia no piensa cerrar esta etapa sin lograr lo esencial: que los responsables devuelvan lo que tomaron indebidamente.

Neuquén avanza con una convicción absoluta: haber robado a los que menos tienen no solo exige castigo, sino restitución completa. Y no habrá descanso hasta lograrlo.