La Justicia Federal declaró delito de lesa humanidad la ocupación de la Torre del Periodista y procesó a militares
El Juzgado Federal Nº2 de Neuquén declaró delito de lesa humanidad la ocupación de la Torre del Periodista ocurrida el 24 de marzo de 1976 y dictó el procesamiento con prisión preventiva de los exmilitares Sergio Adolfo San Martín y Jorge Héctor Di Pascuale, además de fijar un embargo sobre sus bienes.
La resolución, firmada por el juez Gustavo Villanueva, los considera responsables en calidad de partícipes necesarios de los delitos de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en concurso real, cometidos en perjuicio de la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén. Los hechos fueron calificados como conexos a delitos de lesa humanidad, lo que los vuelve imprescriptibles.
Un fallo histórico
El abogado Mariano Mansilla, patrocinante de los periodistas que impulsaron la denuncia, calificó la resolución como “muy trascendente”.
“Se acaba de producir el procesamiento de los militares que ocuparon la Torre del Periodista, además de otros inmuebles que fueron apropiados ilegalmente”, señaló.
Mansilla remarcó que el fallo representa un antecedente clave:
“Era fundamental que se dijera claramente que esto fue un robo y que se encuadre como delito de lesa humanidad. Es la primera vez que la Justicia Federal reconoce la apropiación de bienes en este contexto”.
Imprescriptibilidad y recuperación de bienes
Según explicó el letrado, la decisión judicial declara la imprescriptibilidad tanto de la acción penal como de la acción civil, lo que abre la puerta a la recuperación de los bienes sustraídos durante la dictadura.
Además, sostuvo que el fallo obliga a investigar a los responsables y a los cómplices civiles que se beneficiaron de la apropiación:
“Periodistas de Neuquén fueron desapoderados de sus bienes y hubo quienes hicieron negocios con eso”.
Detenidos por otras causas
San Martín y Di Pascuale ya se encuentran detenidos por otras causas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Con esta resolución, la Justicia Federal profundiza la investigación sobre el despojo patrimonial cometido durante el terrorismo de Estado, ampliando el alcance de las responsabilidades más allá de los crímenes directos contra las personas.
La decisión marca un precedente judicial relevante a nivel nacional, al reconocer que la apropiación de bienes durante la dictadura también forma parte del entramado de los delitos de lesa humanidad.
